El Zapotillo, reprobado por el consultivo del Congreso
Ni es transparente, ni respeta derechos humanos, ni es sostenible, advierten expertos
El Comité Académico de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la presa El Zapotillo, advirtió ayer que los promotores del embalse artificial no han demostrado ni su pertinencia, ni su integración en un proyecto de manejo del agua que sea beneficioso ambiental y socialmente, ni su integración a una metodología que lo inserte en el ciclo del agua, base sobre la cual se le podría aplicar la calidad de “sustentabilidad”.
El grupo dio su punto de vista en una conferencia de prensa en el Congreso del estado, acompañado de la diputada convocante, Mónica Almeida, y especialistas del Iteso, la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), la Universidad Panamericana (UP) y la Universidad de Guadalajara (UdeG). De entre ellos, Sergio Graf Montero, Carla Aceves Ávila y Mara Robles Villaseñor, de la UdeG; Hugo Briseño Ramírez (UP) y Tomás Ávalos Sánchez (UTJ).
“Al día de hoy, no existen procesos adecuadamente definidos y desarrollados en ninguna de las etapas de política pública en torno al proyecto de la Presa El Zapotillo. En primera instancia, se carece de elementos a nivel de formulación y diseño de una política pública integral y sustentable en la gestión del recurso hídrico. En segundo lugar, el problema público ambiental no está bien definido. La narrativa y los esfuerzos en definir el problema se han concentrado en la falta de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, los Altos de Jalisco y Guanajuato”, apuntaron.
Desde la perspectiva de la política y la gestión ambiental “los instrumentos y metodologías ambientales han sido insuficiente e inadecuadamente aplicados u omitidos. Un problema de origen que no se evidencia por autoridad alguna consiste en la Manifestación de Impacto Ambiental que pretende sustentar al proyecto; la cual es inconsistente respecto del proyecto que defiende la presa a 105 metros, la construcción de un acueducto y el trasvase entre cuencas. Asimismo, el instrumento que existe considera al proyecto fragmentado, lo cual impide la ponderación integral de los efectos de todas las acciones y lo aprobado no permite evaluar los efectos del megaproyecto en su extensión y alcances reales”.
Y pese a la longevidad del prose yecto, “aún no es demostrable la superioridad del interés público superior o primordial. Por tanto, los desplazamientos forzados internos no se encuentran debidamente justificados”. Y mientras no esté debidamente demostrado, deliberado y socializado “que el bien mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones económicas hasta ahora realizadas [así como las pendientes de realizar], la obra no es justificable desde el punto de vista social, económico o ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y erogación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto”.
El cambio en el diseño del proyecto, así como las omisiones y descuidos del proceso de gestión del proyecto “han implicado un aumento de costos a lo largo de tres administraciones estatales: procesos jurídicos y demandas judiciales, realización de nuevos estudios técnicos (diques, balance hidrológico, ramales, entre otros), suspensión de obras, pago de indemnizaciones a empresas y, más recientemente, la posible demanda por incumplimiento de contrato referente al acueducto El Zapotillo-León”.