Orden jurídico
U na de las funciones básicas del Estado es la producción de normas jurídicas, las que se supone tienen por objeto organizar y hacer funcionar a la sociedad, resolver conflictos y preservar el orden y la paz social.
Desde hace poco más de doscientos años el documento legal que contiene las reglas más importantes, tanto de la organización de los poderes públicos como de las relaciones entre sí y de estos con los ciudadanos son las constituciones, de las cuales derivan las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos, la jurisprudencia (no tiene la característica de obligar a todos), y en los sistemas federalistas, como es el caso de México, además de la ingente cantidad de leyes federales se repiten otras tantas en las 32 entidades federativas, lo que crea un sinuoso laberinto jurídico.
La vigencia de miles de leyes y reglamentos es un problema, pero el verdadero obstáculo es que muchos de esos ordenamientos no se cumplen, en ocasiones porque se ignora su existencia (“la ignorancia de la ley no excusa a nadie de su cumplimiento” es un principio general de derecho), pero en la mayoría, las leyes no se respetan en México sencillamente porque no se quieren observar, más grave, muchas veces no se cumplen porque los órdenes del Estado toleran esas conductas ilegales por corrupción o por falta de voluntad, inteligencia y capacidad de hacer que se respete el orden jurídico (el caso de la impotencia de la fuerza pública para someter a los delincuentes es alarmante), conductas que en todos los casos producen los inquietantes niveles de impunidad que padecemos.
Se supone que México es un Estado de derecho, se presume que existen buenas leyes y se piensa que el hecho de tener muchos ordenamientos jurídicos y gigantescas estructuras burocráticas en los ámbitos de procuración e impartición de justicia acreditan nuestra vocación y devoción por las leyes, sin embargo, la realidad es muy diferente, la calificación que diversas instituciones mundiales otorgan a nuestro país en el orden jurídico es vergonzosa, esas evaluaciones nos sitúan en los últimos lugares en aplicación de la ley, cumplimiento de contratos, seguridad jurídica (se supone que el odio que Trump les tiene a los mexicanos se debe a que perdió terrenos en un litigio en Quintana Roo), deshonestidad, niveles desorbitantes de impunidad, mala calidad de la justicia (civil, penal y laboral, sobre todo en las entidades federativas), y en lo que hace a la eficiencia policial, inseguridad, violencia, robos y homicidios, los resultados son peores que los que se obtienen en el funcionamiento de los aparatos de justicia.
Estos datos reprobatorios en materia de orden jurídico también se corroboran por organismos nacionales, en los próximos días un estudio realizado por el CIDE, UNAM e INACIPE desnudará nuestra calamitosa realidad y revelará algo del desastre humano que provoca el incumplimiento y la mala aplicación de las leyes.
La situación que padecemos es tan grave que el Secretario de Hacienda, al ser cuestionado sobre cuál es el principal problema de México respondió que por encima de la pobreza, desigualdad y violencia, el mayor reto que tiene el país es fortalecer el Estado de derecho.
Fortalecer el Estado de derecho implica no solo expedir nuevas leyes (como la de seguridad interna), diseñar un nuevo modelo policial, contratar más agentes, dotar de más presupuesto a las dependencias de justicia, nombrar al Fiscal General o consolidar el nuevo sistema de justicia penal.
Para lograr que se respete y se cumpla el orden jurídico es imperativo reducir o acotar (eliminar sería un deseo irreal) en los hechos el poder de las diferentes y numerosas mafias que existen en México, no sólo las del narcotráfico y las del crimen organizado, también las que operan al interior de los cuerpos policiales, procuradurías, juzgados, empresas públicas, empresas privadas corruptas y corruptoras, medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos, y sobre todo, se debe limitar el poder de los traficantes del poder, cofradías bastante extendidas y que tienen el auténtico control de muchas de las actividades ilegales.
¿Qué debe hacer el Estado mexicano (y la sociedad en su conjunto) para lograr que se reduzcan los homicidios y hechos de violencia, la venta de drogas, el robo de gasolina, el poder de los huachicoleros, frenar las matanzas colectivas, las extorsiones de todo tipo, el cobro de cuotas, el control de muchas oficinas públicas (ayuntamientos incluidos) por parte del crimen organizado y para que se recupere la tranquilidad y la confianza social?
El reto de fortalecer el Estado de derecho exige que los operadores jurídicos (legisladores, jueces, gobernantes, fiscales, policías, políticos y abogados) sean los primeros en respetar y cumplir el orden jurídico, pues solo con su ejemplo se podrá exigir y castigar a quienes lo incumplen.