Se apuntan 16 a cargos de control del SEA
l más reciente escándalo desatado por los Paradise Papers que revelaron los nombres de personajes que mantienen cuantiosas fortunas en paraísos fiscales, es sólo la continuación de la primera denuncia de los Panamá Papers a la que siguió el caso de los Malta Files.
En la serie que involucró a decenas de periodistas de Europa y de América Latina, fueron exhibidas firmas y consorcios que decidieron fundar compañías en estos sitios y operarlos bajo los conceptos offshore con reducidas cargas impositivas o evasiones fiscales.
Y dentro de los miles de documentos que circulan ya en medios de comunicación, figuran los que vinculan a Rasaland, el socio incómodo del Gobierno de Jalisco cuyo expediente fue revelado dentro de los Malta Files y especialmente difundido por el periódico español El Mundo, en colaboración con Paralelo 20.
El periodista ibérico responsable de la investigación en México sobre la citada empresa, me contactó a principios de mayo de 2017 para confiarme que seguían la pista del dinero español en triangulaciones que involucraban paraísos fiscales pero específicamente a Malta.
La labor de investigación que incluía al menos a 29 periodistas de trece diarios europeos, los habían llevado a la firma que impulsa el proyecto de Xala, antes llamado Chalacatepec.
Sin haber colocado un solo ladrillo, en cuatro años, Rasaland consiguió 169 millones de dólares de aportaciones y conservó el 51 por ciento de los proyectos.
Aunque las autoridades federales en México insisten que no existe delito alguno por abrir empresas en paraísos fiscales siempre y cuando se paguen los impuestos correspondientes, es evidente que hay una intención de buscar tasas preferenciales o un misterioso anonimato.
La información sobre el origen del socio formalizado por el Instituto de Pensiones del Estado en el gobierno de Emilio González Márquez, era de sobra conocida.
Como parte de una negociación que llevó a Pensiones a ceder su participación en el Fideicomiso de Chalacatepec para adherirse a Activos Turísticos de México (ACTUR), el diez de enero de 2012 se firma el convenio para la alianza en la que se aporta el acta constitutiva de Rasaland Inverstors Holding BV que señala su domicilio en Amsterdam; pero también la firma Rasaland Investor Limited con domicilio en 259 St Paul Street, Valett VLT 1213, en Valetta, capital de Malta.
En el acta destaca la firma de Juan Cristóbal Bremer Villaseñor, representante legal de Rasaland Development Limited, con domicilio en Palm Grove House, PO BOX 438 Road Town, Tortola British Virgins Islands (Islas Vírgenes, de Gran Bretaña, también conocido paraíso fiscal).
El siete de octubre del 2010, la entonces diputada (hoy en el exilio político) Elisa Ayón, solicitó en el Congreso del Estado a la Auditoría Superior estatal que cumpliera un acuerdo legislativo y realizara una auditoría al Fideicomiso F/380 ante las sospechas de desvío de recursos, una compra simulada de terrenos y omisiones en el pago de impuestos. La petición nunca fue acatada.
Al contrario, el proyecto original de Chalacatepec ya cambió y ahora se llama Xala y el gobierno estatal ahora es socio de otro desarrollo turístico, La Mandarina en el vecino estado de Nayarit y del hotel Four Seasons en la Ciudad de México.
Pero no solo eso, una filial de Rasaland, RLH Properties, S.A.B. de C.V., es una emisora que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con el portafolio de ACTUR por lo que técnicamente Pensiones sigue presente en la bolsa después de su malograda experiencia con Abengoa. Por tanta opacidad, a propósito de los “Paradise Papers”, la duda que queda es si el verdadero “paraíso fiscal” está en Jalisco.
(Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paraleloveinte.com).
Hay 11 aspirantes a convertirse en uno de los tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa
En el transcurso de esta semana se realizarán los registros dentro de los procesos para otorgar los diez nombramientos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Ayer concluyó el registro para elegir los titulares de los órganos internos del Control de los Organismos Constitucionales Autónomos 2017. Es decir, serán electos los contralores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Para estos puestos se apuntaron 16 personas.
Los aspirantes son Jesús Jiménez Cázares, Manuel Rodríguez Murillo, Paulo Eduardo Colunga Perry, Óscar Fernando Anaya Pérez, Luis Guillermo Saldaña Moreno, Pedro Rivera Villegas, Arturo Antonio Ríos Bojórquez, Francisco Javier Salcedo Pérez y Juan Pablo Álvarez Ríos.
Además participan Ana Bertha Robles Sánchez, Sofía Gómez López, Martha Patricia Armenta de León, Alfredo Plasencia García, Alma Cristina Solís Torres, Iván Félix Vallejo Díaz y María Elizabeth Herrera Tovar. Se prevé que las entrevistas a estos interesados sean el viernes. Su elección será el próximo 14 de diciembre.
Por otra parte, ayer fue el primer día de registro para los que aspiran a convertirse en uno de los tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. El proceso concluirá hoy.
Al momento se han registrado once perfiles: José Ramón Jiménez Gutiérrez, Juan Carlos de Obeso Orendáin, Laurentino López Villaseñor, Fernando Radillo Martínez Sandoval, Ramón Ochoa Reveles, Juan Antonio Arana González, Julio Noé Aguilar Betancourt, José de Jesús Reynoso Loza, Alejandra Garcidueñas Casillas, José Dolores Ibarra Delgadillo y Sergio Castañeda Fletes.
Las entrevistas en este proceso se realizarán el 13 de noviembre con el Comité de Participación Social. Recibirá los “expedientes originales completos de los aspirantes, incluidas las unidades de almacenamiento electrónico”.
El Comité será invitado a las entrevistas que realizará cada comisión encargada de llevar a cabo el proceso. De acuerdo a la convocatoria, se contempla que la participación del órgano será “a través de alguno de sus integrantes” y “podrá realizar una intervención por aspirante”.
Además, los cinco notables deberán de emitir un informe en el que expresen una opinión técnica respecto a la revisión realizada a la documentación que recibieron de cada uno de los aspirantes.