EL BOOM AGUACATERO NO CEDE
El gobierno estatal respalda a los productores aunque falte el agua y amenace la biodiversidad
Al superar la localidad del El Fresnito, el vehículo se interna por una brecha conocida como “El Milanés”, por el nombre del primer rancho en el ascenso hacia la mayor montaña de Jalisco, el Nevado de Colima. Desde abajo se aprecia cómo ha ido cambiando el paisaje, pues las huertas aguacateras se desparraman por la ladera. Las más viejas ocupan espacios antaño de sembradíos de maíz, pero las matas más pequeñas crecen entre el bosque de pino, en predios devastados por el fuego o donde sencillamente se metió una máquina para arrasar toda la cubierta forestal.
No es un problema menor: el aguacate, uno de los productos que más orgullo le dan a la administración de Jalisco, por su alto valor comercial y la generación de empleos, se ha convertido en motor de cambio de uso de suelo en las regiones sur y sureste de la entidad.
No se trata solamente del desplazamiento de ecosistemas naturales de alta diversidad biológica, sino la competencia por el agua. Un poblado enclavado en el bosque de San Gabriel, El Jazmín, al norte del macizo volcánico, debe ser surtido por agua en pipas cada semana. “Las plantaciones nos dejan sin nada”, exclama un lugareño, “y eso que esto es bosque, que aquí llueve y se recarga el agua”.
La alta demanda en el mercado de Estados Unidos y de la Unión Europea de la Persea americana, un fruto de muy alto valor nutricional domesticado en Mesoamérica, ha abierto el espejismo de la rápida prosperidad a muchos propietarios de bosque que tienen años sin verla consigo. El fracaso de las políticas forestales o su exasperante lentitud en consolidar proyectos, los ha hecho mirar al monocultivo. Y bajo el argumento –reiteradamente desmentido por científicos y autoridades ambientales- que de cualquier modo conserva un bosque (se omite la agresiva condición de todo monocultivo, que es “exitoso” a condición de impedir el crecimiento de especies asociadas que forman los auténticos ecosistemas), se habrían sumado alrededor de diez mil hectáreas deforestadas en el curso de los últimos quince años.
MILENIO JALISCO hizo un ejercicio con geógrafos para cruzar dos variables en fotografías aéreas obtenidas de la plataforma Google Earth para la zona de los volcanes, una vez que se consiguió vía transparencia los polígonos de incendios forestales ocurridos entre los años 2006 y 2011. El ejercicio consiste en ubicar el antes y el después de los siniestros forestales: la superficie acumulada para esos cinco años es de 4,507 hectáreas quemadas. Dentro de los polígonos, se constituyeron después de los incendios, 242.9 hectáreas aguacateras y 91 ha para otros usos agrícolas y ganaderos (ver detalle por año en recuadro anexo).
Esto demuestra que en al menos 7 por ciento de la zona quemada (ver mapa anexo) se hizo un cambio de uso de suelo claramente ilegal, pues la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable lo prevé en su artículo 117: “...No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente”. Por su parte, el artículo 418 del Código Penal Federal sanciona con pena de 6 meses a 9 años de prisión, y por el equivalente de 100 a 3 mil días multa, “al que ilícitamente cambie el uso del suelo forestal”.
No ha sucedido de modo distinto en otras partes de la región: mientras en el año 2000 fuentes oficiales señalaban mil hectáreas (ha) de plantaciones aguacateras en todo el sur de Jalisco, para 2016 se redondeaba la cifra en 22,200, para un espectacular crecimiento anual de más de 1,400 ha de huertas.
En 2010, el investigador de la UdeG, Alejandro Macías Macías, advertía: “el aguacate es el cultivo que mayor dinamismo registra en el sur del estado de Jalisco en la primera década del siglo XXI. Ello corresponde a los cambios que se vienen dando en la relación comercial entre México y los Estados Uni-
dos, así como a la cercanía de la región con Michoacán, principal zona productora. Esta actividad económica, que se presenta como potencial detonadora de la economía regional, forma parte de un modelo agroindustrial que en aras de la rentabilidad económica, puede resultar depredador de los recursos locales e incrementar los niveles de vulnerabilidad de los territorio de producción, tanto desde el punto de vista económico, como medioambiental”.
Agregaba: “Por un lado, sus características de producto de alto valor agregado y su potencialidad productiva en la región pueden ser detonantes de mayor crecimiento económico local. Por otro, su futuro y el del territorio se encuentran en riesgo de no existir un planeado y controlado crecimiento de las huertas que impidan su expansión en detrimento de otros recursos claves para la sustentabilidad del territorio, además de que se impulsen las disposiciones necesarias para evitar la concentración de los beneficios en unos cuantos actores (que incluso pueden ser la mayoría foráneos), y se establezcan las medidas de control para cuidar los recursos, tanto humanos como medio ambientales” (“Zonas hortofrutícolas emergentes en México, ¿viabilidad de largo plazo o coyuntura de corto plazo? La producción de aguacate en el sur de Jalisco”, en revista Estudios Sociales, julio-diciembre 2010).
Muchos productores forestales, que ven con preocupación este incontenible boom del “oro verde”, demandan un ordenamiento territorial riguroso que garantice el respeto al bosque.
Lo cierto es que casi 7 años después de este análisis las autoridades de fomento (Sagarpa, Seder), las normativas (Semarnat y Semadet) y las que sancionan delitos ambientales (Profepa), no han logrado un acuerdo para que los recursos, apoyos y subsidios al aguacate estén condicionados a “daño ambiental cero”.
En el estado de Michoacán, colapsado con más de 120 mil ha de aguacateras, ya se atreven a clausurar y desmontar huertos que violaron la ley forestal. En Jalisco, el crecimiento desordenado no cede, aunque la Profepa ha empezado –tímidamente, en opinión de los forestales, ambientalistas y científicos- a sancionar los excesos. Los activistas se preguntan qué se atreverá hacer el gobierno de Jalisco, que se ostenta nacionalmente como defensor de la naturaleza.
Apenas el 4 de septiembre pasado, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz dio pistas, al hablar en el Congreso Latinoamericano del Aguacate, en Zapotlán, sin aludir ni de soslayo al impacto ambiental de este modelo agroindustrial: “Hace cinco años, en el 2012, contábamos con 304 productores y exportábamos a seis países, hoy en día, nuestro estado ha logrado convertirse en
el mayor productor de aguacate por hectárea, en México, con 35 toneladas. Estamos creciendo a un ritmo sin precedentes, en cinco año pasamos de producir 40 mil toneladas a producir más de 140 mil. El aguacate jalisciense incrementó su producción en más de 250 por ciento y hoy está en la mesa de 23 naciones de Europa, Asia, Norteamérica, Sudamérica, Oceanía y Medio Oriente (...) Los cambios positivos que están sucediendo en el cambio jalisciense no tienen marcha atrás y no nos vamos a detener…”.