Acusar militarización, absurdo: Presidencia
Avalan diputados ley de seguridad interior; ONU, PRD, MC, Morena y ONG, no
Con el voto mayoritario del PRI y sus aliados, así como de 14 panistas y dos perredistas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior para regular la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Minutos antes de las cuatro de la tarde, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, avalaron el dictamen de la Comisión de Gobernación y lo enviaron de manera inmediata al Senado para su análisis y eventual ratificación, antes de que concluya el periodo de sesiones, el 15 de diciembre.
Legisladores de oposición presentaron 101 reservas a los 34 artículos de la ley, pero el bloque encabezado por el PRI rechazó una por una todas las propuestas. Pese a los pronósticos y lo dicho los últimos meses por el Frente Ciudadano por México, diputados panistas y perredistas respaldaron la legislación.
La votación a favor se registró de la siguiente manera: 183 del PRI, 14 del PAN, dos del PRD, 35 del PVEM, cuatro de Encuentro Social y el de Manuel Espino, diputado sin partido; no se presentaron 21 priistas, 30 panistas, 12 perredistas, nueve lopezobradoristas y tres emecistas.
Al comienzo de la sesión de poco más de cinco horas, PRD, MC y Morena, con mantas y consignas en tribuna, presentaron mociones suspensivas para frenar la discusión del proyecto de ley, argumentando que militarizará al país, pero PRI, Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza rechazaron esos recursos y continuaron la discusión.
Al fundamentar el proyecto, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén, negó que la legislación busque militarizar el país y detalló que toda intervención de fuerzas federales y armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no excederá un año y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República si subsisten las amenazas a la seguridad interior. “Sería militarizar al país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional, lo que esta ley no hace de manera alguna. Esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías. “Por el contrario, las autoridades que colaboren en el mantenimiento de la paz y el orden público al interior deberán, en todo momento y sin excepción, respetar de manera irrestricta los derechos humanos”, aclaró.
A nombre del PAN, Jorge Triana recordó que durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón se presentó una propuesta de Ley de Seguridad Interior, “pero bien hecha”, que en ese entonces fue rechazada por el PRI. “Hoy el PRI añora esos momentos, ¡sí, señores! Hoy el PRI desea que regresemos en el pasado, el PRI, señoras y señores, se ha vuelto más calderonista que Felipe Calderón en materia de seguridad pública; ¡acéptenlo, desean regresar al pasado con todas sus fuerzas!”, señaló el panista.
El coordinador del PRI y autor de la iniciativa, César Camacho, respondió a los cuestionamientos de la oposición y de organizaciones sociales; subrayó que el respeto a los derechos humanos queda resguardado en el dictamen.
Remarcó que el articulado prohíbe expresamente considerar las manifestaciones sociales y de carácter político electoral como amenazas a la seguridad interior.
De acuerdo con el texto aprobado por la comisión dictaminadora, el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas locales o de los gobernadores la intervención de la Federación, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Asimismo, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea solo intervendrán cuando las capacidades de las fuerzas federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate.
El vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, señaló que “está cantada” la acción de inconstitucionalidad a la legislación, toda vez que “la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha prevenido sobre los contenidos violatorios, potenciales de los derechos humanos”.
Manuel Espino, diputado sin partido que votó a favor y presentó una de las iniciativas, lamentó que legisladores del PAN, cuyo gobierno durante la presidencia de Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado y propició sacar a los militares a las calles, no hayan definido una posición clara al respecto.