Preocupa a la ONU y ONG la nueva norma
Normalizar intervención de fuerzas armadas perpetúa lo que se busca subsanar, resaltan
Organizaciones de la sociedad civil y legisladores rechazaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y exigieron “respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional”.
Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, afirmó que el “actual modelo de seguridad, con el uso de las fuerzas armadas, es muy preocupante”. “Se necesita una reflexión inclusiva, honesta y pública sobre lo que funcionó y lo que no en el modelo de seguridad. A partir de 2006, cuando inició la guerra contra el crimen organizado, se multiplicaron las graves violaciones de derechos humanos. “El problema no se resuelve al legislar (elementos) que petrifiquen el statu quo. Lo digo con reserva del contenido del dictamen, pero a nuestra oficina no le parece que en la forma que se propuso se dé un impulso para este cambio de paradigma”, expresó.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, calificó de preocupante y retroceso en derechos la aprobación de la legislación en el pleno de la Cámara de Diputados. “Es una profunda preocupación, creo que tendríamos que tener este día como una agenda de retrocesos en derechos”, expresó en instalaciones de la Seido.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, afirmó que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional y un “error histórico” del PRI.
Manifestó que es perfectamente entendible el papel de la policía federal frente al desastre de inseguridad en los estados, pero que la presencia de fuerzas armadas viola el marco jurídico.
Asimismo, decenas de organizaciones ciudadanas advirtieron que normalizar la intervención de las fuerzas armadas en labores policiales contribuye a perpetuar la situación que se busca subsanar.
Presentaron un posicionamiento firmado por Cauce Ciudadano, Causa en Común, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras.