Seguridad interior no es paz
C uando no damos con la resolución radical de un problema, lo que no pocas veces tiene que ver con confundir las causas con los efectos, echamos al frente una pregunta retórica: qué fue primero, el huevo o la gallina; pero si el plan es resolverlo definitivamente, volvemos al punto originario de la cuestión: la culpa es de los tlaxcaltecas. Pero es necesario actualizar las analogías, hoy las del mundo rural lucen etéreas y gracias a la Cámara de Diputados podemos preguntarnos: qué fue primero, la inseguridad pública o la inseguridad interior, y luego dictar: la culpa es de las leyes; culpa por el estado violento y peligroso de la vida en este país.
El dictamen de la Ley de Seguridad Interior aprobado por la Comisión de Gobernación hace unos días, abarca los diagnósticos de las diversas iniciativas que confluyeron en el tema, destacamos un fragmento penumbroso: “esta Comisión considera que los actuales sistemas de seguridad nacional y pública resultan insuficientes para salvaguardar el ámbito de acción en el que interactúan población e instituciones, lo que se agrava ante la ausencia de un marco regulatorio específico en materia de seguridad interior.” El problema es novedosísimo, salvaguardar el ámbito de acción en el que interactúan población e instituciones. ¿Cuál es ese ámbito? Acaso el de la ventanilla en la que pagamos el impuesto predial, o el de las sillas en las que esperamos turno en las oficinas del SAT. Para no pasar por ignorantes, exijamos que el tal espacio sea protegido como es debido, y en México lo debido es hacer leyes; por ejemplo, una de Seguridad Interior, no para remediar, para rendir culto según preferimos, con gestos y discursos, en el altar ahora tenemos a san Ámbito de Acción.
El pretexto para la Ley de Seguridad Interior se dio hace casi once años: las Fuerzas Armadas fueron echadas a la calle para protegernos de los criminales, pero estamos peor, como quiera que midamos el empeoramiento: en homicidios dolosos, extorsión, en robos y asaltos, despojos o en la mera percepción de inseguridad; pero a pesar de los datos, el veredicto del presidente y sus palafreneros es que las Fuerzas Armadas requieren amparo legal para hacer lo que, al parecer al borde de la ilegalidad, dos sucesivos presidentes las pusieron a hacer. Sólo que, si nos atenemos a lo que dice la citada ley, artículo 2, tal vez no debamos esperar mucho: “La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.”
Mantenimiento del orden constitucional, del estado de derecho y la gobernabilidad, y el presidente determinará en cuáles territorios esto no sucede y podrá decretar que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea intervengan, hasta por un año, o más, si él lo juzga pertinente, mediante un protocolo o sin él, si el mismo presidente considera que hay prisa por actuar. La Ley de Seguridad Interior no busca militarizar al país, pretende re presidencial izarlo, las Fuerzas Armadas serán el brazo legalmente ejecutor. Imaginemos: el PRI pierde la elección, días después Peña Nieto descubre que las instituciones en Guerrero, Tamaulipas, parte de Michoacán, de Chihuahua y Chiapas, meros ejemplos, se fueron a volar y aplica la Ley de Seguridad Interior… Qué fue antes: la inseguridad, de la que sea, y la impunidad, o el poder autorreferencial del primer mandatario; a lo mejor el huevo.