Recomendaciones de CNDH, incumplidas
Los fenómenos de expulsión de pobladores que cambian de la religión tradicional en las tierras de los wixaritaris no son nuevos, tienen al menos tres decenios; la tibia actuación de las administraciones estatales de Jalisco en el tema, tampoco. Expulsar disidentes religiosos bajo el argumento de violación a los usos y costumbres se ha “normalizado” por el bajo costo político que acarrea a los pueblos.
Se trata de conclusiones que ha plasmado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en dos recomendaciones emitidas al gobernador en turno (2004 y 2008) y a la Secretaría de Gobernación, además de los alcaldes.
En la recomendación 07/2008, expresaba que “por ningún motivo se puede permitir que, en aras de la protección de los usos y costumbres de un pueblo, se cometan delitos en contra de quienes no los practican, como tampoco expresar ‘invitaciones’ que encubren amenazas e intimidación basadas en la violencia para hacer que las personas asuman una determinada religión […] la conducta omisa para solucionar el conflicto y evitar la expulsión de los indígenas que cambiaron de religión por parte de las autoridades del estado de Jalisco, así como en la salvaguarda del derecho humano a la libertad de ejercer y practicar la religión o culto de su preferencia, contribuyó a que se violaran los derechos humanos
Han habido al menos cuatro procesos de expulsión; el gobierno no se ha manifestado
de los indígenas huicholes que tuvieron que abandonar sus comunidades al verse amenazados por sus coterráneos y las autoridades comunales y tradicionales huicholas”.
Ese documento habla de acciones u omisiones ocurridas sobre todo durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), pero la falta de acción de su sucesor, Emilio González Márquez, ha generado condiciones que la propia CNDH temía que se legitimaran.
En cuanto a la tibieza del estado, citó el caso del procurador para Asuntos Indígenas de Jalisco, quien “afirmó que, en su carácter de funcionario público y como integrante de la cultura huichola, respetaba la decisión que fuera a tomar la Asamblea General de la comunidad; que por supuesto exigía que retornaran a su religión si querían permanecer en su comunidad y mantener sus tierras, y que además, debían de cumplir con el Estatuto Comunal Huichol, adoptando sus usos y costumbres”.
El incumplimiento es evidente a nueve años: ha habido al menos cuatro procesos de expulsión más, con el del lunes pasado. El gobierno de Jalisco no se ha manifestado, a tres días, acerca del conflicto.