Fiscal Anticorrupción, ¿bien evaluado o independiente?
E l “sistema anticorrupción”, es apenas una respuesta ‘efectista’ a una de las dos grandes asignaturas pendientes del gobierno de México y de Jalisco: la corrupción impune. La implementación de un Sistema Estatal Anticorrupción no garantiza que la corrupción sea castigada, especialmente cuando las principales fuerzas políticas de Jalisco acreditan estar muy interesadas en cambiar, para que todo resulte igual… Si no se demuestra la voluntad de castigar la corrupción (ahí está el caso emblemático de impunidad con Emilio González Márquez y sus secuaces), ésta será alentada, como ocurre hoy. Se ha institucionalizado el soborno, la protección política a señalados por corrupción y la utilización selectiva de la procuración e impartición de justicia para los que dejan de ser parte del gran pacto de impunidad en Jalisco.
El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción trabajó en una metodología para su “Informe de opinión técnica” de los perfiles evaluados. Grosso modo, es una evaluación curricular, y la resolución de un caso práctico. Evaluaron la aptitud de los postulados, pero ignoraron su independencia. Solicitaron que se presentara la declaración 3 de 3, pero como mero requisito, pues no existe una estimación pública del posible conflicto de interés que tienen algunos de los resultaron en los primeros sitios del “Informe de Opinión Técnica”. La independencia de los aspirantes, requisito esencial para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción y Auditor, la han dejado de lado; ignorada por completo. Un proceso de evaluación que arroja una “opinión técnica”, tan técnica, que se olvida del entorno y del deber ser de las cosas. Una evaluación tan pretendidamente versada, que proyecta algo política y socialmente incorrecto, imposible de suscribir. Se concentraron en el procedimiento, y olvidaron el fin que persigue todo este proceso. La finalidad es llegar al nombramiento de una persona que sea capaz de fiscalizar con independencia los actos de corrupción, a partir de una recomendación que sea socialmente avalada por el Comité de Participación Social, y votada en el Congreso. No concebirlo, significa no atender la circunstancia, el contexto, la expectativa…
Si de aptitud se tratara, solamente, habría sujetos que podrían encabezar una evaluación curricular, responder de forma docta un caso práctico, pero que son auténticos pillos en el servicio público. Es importante evaluar la aptitud, pero no resulta suficiente. Precisamente por ello, hoy sigue impune el fraude a IPEJAL con Chalacatepec, el robo a Guadalajara con el descarado atraco en Iconia, el fraude con las Villas Panamericanas, el Parque Morelos, el “Robo del Siglo” en la Ciudad Judicial, en el Seguro Popular, en la compra fraudulenta de maquinaria china inservible en la SEDER, el “robo al pueblo” con el fraude de la consultora López Castro al Congreso de Jalisco. Todos magistralmente ejecutados por sujetos muy aptos, generalmente con un currículo impresionante, pero que defraudan al erario.
Hay que reconocer. El Comité de Participación Social ha hecho lo que a su leal saber y entender puede para evaluar los aspirantes a cuatro convocatorias, en apenas mes y medio. Sin sueldo, sin personal y sin infraestructura. Alimentaron un sitio Web con toda la información de criterios y método, así como la “opinión técnica” sobre cada aspirante. Revisaron 18 aspirantes a Fiscal Anticorrupción, 16 candidatos para Órganos Internos de Control de los Organismos Autónomos, 22 postulados para la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y 72 que buscan ser magistrados. 128 evaluados en total, en 45 días naturales. Una deliberada trampa que diseñaron para el “sistema”, los líderes del pacto de impunidad en Jalisco.
El caso es que el “Informe de opinión técnica” de los perfiles evaluados, arroja resultados imposibles de apoyar políticamente y socialmente, por notoriamente absurdos. Difícilmente la oposición votará a una aspirante a Fiscal Anticorrupción, la mejor evaluada por el Comité de Participación Social, pero que es subordinada del Secretario General de Gobierno. Absolutamente comprensible. El “Informe de opinión técnica” carece de un sentido común, tan obvio, que termina siendo poco útil.