No nos defrauden

Se acercan tiempos cruciales en la definición de quiénes serán los responsables de encabezar el Sistema Estatal Anticorrupción, la Auditoria Superior del estado y las tres magistraturas vacantes.

Sobre el SEA, hay que decir que su construcción ha vivido dos grandes momentos, un primer momento fue la conformación del Comité de Participación Social, (atinadamente conformado), cuya tarea fue elaborar, con base en una metodología clara y transparente, el mecanismo, no solo de evaluación de los participantes, sino también, y quizá más importante, el mecanismo de legitimación del proceso.

El segundo momento, una vez concluido el análisis de los aspirantes y entregado al Gobernador, fue un momento, por decir lo menos, incómodo. Mucho se ha opinado ya sobre el proceder del Gobernador, al haber enviado una terna de candidatos al Congreso del estado, que pasaba por alto algunos de los requisitos y condiciones previamente acordados por los integrantes del Comité.

Lo que ha seguido luego de dicho episodio, ha sido una mayor presión de la sociedad para garantizar que las propuestas para estas asignaturas, provengan de la transparencia y no de la complicidad.

¿Hasta qué punto, en Jalisco se está reproduciendo lo que está ocurriendo a nivel federal con los nombramientos pendientes, tanto del fiscal de delitos electorales, como del propio Zar nacional anticorrupción? ¿Qué tanto, la indefinición política en nuestra entidad, está contaminando la decisión y por ende, llevándola a un terreno político? ¿Hasta qué punto, los partidos representados en el Congreso, actuarán bajo la lógica que en el pasado se ha visto, y lejos de representar a la sociedad y de respetar las instituciones, entrarán en la dinámica de repartirse espacios?

La posibilidad de que eso suceda debe ponernos en alerta. Nadie espera que una institución, que se propuso como respuesta a la impunidad, nazca con un pecado original de tal magnitud. Nadie espera que la Auditoria Superior, luego de lo vivido en épocas de Godoy, vuelva a ser un instrumento político y una instancia de favores. Nadie espera que los nuevos magistrados respondan a los intereses de quien los puso ahí y no a los intereses de los ciudadanos.

Los días por venir serán clave para saberlo. La obligación moral, especialmente de los diputados que no militan en el PRI, es velar por que las designaciones se mantengan en el campo de la transparencia. La hora de distinguirse como una representación confiable comienza a correr. La sociedad espera no solo los mejores perfiles, sino también, los procesos más transparentes. La sociedad espera que los diputados, esta vez, no nos defrauden.