Pide PGR vincular a proceso a Borge por lavado de 900 mdp
El ex gobernador de Quintana Roo, extraditado por Panamá, se reservó su declaración
Antes de asumir la gubernatura de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo “ideó” un plan que “ejecutó” en su mandato para adquirir predios y venderlos a su círculo cercano, incluida su madre, casi 80 por ciento por debajo del valor comercial real, lo que significó un quebranto de 900 millones 99 mil 418 pesos al erario estatal.
Así lo argumentaron fiscales de la Procuraduría General de la República en la audiencia inicial, en la que solicitaron vincular a proceso al ex mandatario estatal como coautor del delito de lavado de dinero, cuyo monto es equivalente al salario de “todos los miembros de las fuerzas armadas en 2017”.
Detallaron que Borge Angulo cometió el ilícito a través de la venta y compra de 22 terrenos de una extensión total que es 10 veces la superficie de Xcaret y dos la de Isla Mujeres.
En el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, el ex gobernador se reservó su derecho a declarar luego de su extradición desde Panamá; ayer llegó a la Ciudad de México en un avión oficial del gobierno federal.
El MP federal señaló que una pieza clave para enajenar 8 millones 561 mil 959 metros cuadrados de terreno en zonas de reserva ecológica, turísticas y de alta plusvalía fue Claudia Romanillos, a quien designó desde el inicio de su gobierno como directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (Ipae).
En el periodo de agosto de 2011 a septiembre de 2016, esta mujer avaló la adquisición de las 22 propiedades igual que Soraya Guadalupe Herrera, directora de titulación y jurídica del organismo estatal, de acuerdo con las imputaciones de la Seido y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Romanillos formó parte de un grupo de personas cercanas y estratégicas, pues fue secretaria particular de Borge Angulo cuando fungió como tesorero y posteriormente oficial mayor del gobierno estatal, además de que administró sus gastos de campaña como candidato a gobernador en 2011.
La acusación establece que otros de sus testaferros fueron su madre María Rosa Yolanda Angulo, César Celso González, abogado de la familia, y María Lourdes Pinelo, ex secretaria particular de su padre.
Autoridades federales manifestaron que el ex gobernador materializó este plan a través de empresas fachada, como Estemar del Caribe, Ruta Náutica, Caracol 65, Impulsora Marítima de Quintana Roo y El Caribe, y Siyenat del Caribe, entre otras que suman 13, las cuales adquirieron los terrenos a “precios ínfimos”.
La autoridad ministerial expuso ante el juez 89 datos de prueba para detallar los motivos por los que pretende sancionar al ex gobernador priista como coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultamiento de bienes a sabiendas de que fueron adquiridos con dinero ilegal.
En la carpeta de investigación obran 21 expedientes de 22 predios ubicados en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Tulum, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Cozumel, Bacalar y Chetumal, entre otros.
El MP indicó que, de los 22 predios, hay plena evidencia de que en tres las compañías Caracol 65, Impulsora Marítima de QR y Siyenat del Caribe celebraron la adquisición y ocultaron las transacciones en las que los precios de venta fueron “abismalmente” inferiores a los reales.
Violando toda normatividad, el Ipae, del que el ex mandatario era presidente del consejo directivo, vendió los tres terrenos a personas muy cercanas a un precio de 221 millones 432 mil pesos, mientras el valor real está calculado en mil nueve millones 654 mil pesos. De los 19 predios restantes ya no fue posible su ocultamiento y fueron asegurados.
La venta de los 22 predios fue de 238 millones 790 mil 121.98 pesos, es decir, un valor muy por debajo del real, que es de mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos, por tanto hubo un quebranto por 900 millones 099 mil 415 pesos.
En la audiencia, la defensa hizo de conocimiento del juez de control que su cliente presentaba problemas renales. Al cierre de la edición, luego de más de siete horas de sesión y al menos dos recesos, no se había resuelto la situación jurídica del ex gobernador.
Aunque el delito de lavado de dinero no es considerado grave y no amerita prisión preventiva oficiosa, la PGR se preparaba para pedir al juez la medida de prisión preventiva, justificada ante el riesgo de fuga del imputado y su capacidad económica.
Con ello el ex gobernador enfrenta dos escenarios: si se otorga la prisión preventiva, será trasladado a otro penal federal, y si el juez determina su liberación, la fiscalía de Quintana Roo podrá ejecutar una orden de aprehensión por aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública.