Planeación urbana “no privatizará” la ciudad: Imeplan
Se debe debatir el mecanismo para permitir la renovación de espacios públicos Defiende los cambios de uso de suelo en zonas como El Deán o La Normal
No coincido con esa idea de que la ciudad se está privatizando”, señala tajante el director del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, Mario Silva Rodríguez.
“Más bien creo que en mucho tiempo no se tomaron decisiones de infraestructura, mantenimiento, mejoramiento urbanos en espacios públicos, y lo que tuvimos fue un esfuerzo, disperso, desarticulado, desigual, que nos enfrenta a situaciones simultáneas, a tener que tomar decisiones y a enfrentar los efectos negativos de las decisiones equivocadas que sí se tomaron en el pasado”, sostiene en entrevista con MILENIO JALISCO.
La controversia principal de este momento es la redensificación de la ciudad. A su juicio, no se puede a priori asegurar que se dará un proceso de “gentrificación”, es decir, la expulsión de población originaria al encarecerse el suelo y los servicios básicos, y entregar las zonas céntricas a los privilegiados.
“Son afirmaciones sin que haya aún verdades en esto”, es decir, no se trata de meter viviendas de 1.5 a dos millones de pesos que sólo los ricos pueden pagar. Y si bien, mucha vivienda es más costosa que la que se compra en el valle de Toluquilla o en la carretera a Colotlán, Silva Rodríguez pide considerar los altos costos agregados en temas como transporte, salud y tiempo, que deriva de vivir lejos de los centros de trabajo, educación o diversión.
“Hay una serie de costos ocultos en esto de la dispersión; debemos ser claros al decir que el tipo de vivienda que hicimos se malbarató, no se resolvió el problema […] por eso es fundamental apostar por un modelo de redensificación, pero hay que advertir que apenas lo vamos a poner a prueba. Cuando todavía yo estaba en Guadalajara, salieron adelante proyectos de vivienda de 500 mil a 750 mil pesos, por la zona de Tetlán en la cercanía con el tren ligero; para mí es muy aventurado decir es un modelo de gentifricación; me parece que aun no lo podemos afirmar, con los cambios que se han dado en los instrumentos”, expone.
Defiende los expedientes de las zonas de El Deán o de La Normal, donde los cambios de uso de suelo llevaron, en el primer caso, a la venta de un terreno municipal que en el plan parcial vigente estaba señalado para integrarse al área verde contigua, y en el segundo, a cambiar equipamientos institucionales (del estado y de la UdeG) a usos de servicios que podrían integrarse a proyectos de vivienda.
“Estas decisiones tienen que ver con el modo de financiar la renovación de cierta infraestructura pública, en un contexto de municipios que tienen deuda, y que por malas prácticas de administración que han tenido, surgen legislaciones que limitan el nivel de contratación de deuda, y eso incluye la infraestructura; la pregunta es: ¿cuál es la decisión de financiación que debemos tomar, para tener un equilibrio entre las asociaciones público privadas, y los presupuesto públicos? Esto, considerando que los gobiernos locales, estatales y federales tienen deuda, y están haciendo crisis las administraciones en muchas partes del país”, añade.
Así, es “el mecanismo que pueden permitir esa renovación urbana, y a mi juicio, el debate debe analizar los instrumentos legales, para que esto no se entregue a empresas o al libre mercado de forma descontrolada, y que si se dé el beneficio”. Cita como ejemplo el proyecto con el inmueble de avenida Las Rosas, que fue vendido por el municipio pero generará los espacios de oficina para ubicar el Imeplan (400 metros cuadrados), y el caso de La Normal, donde como contraprestación, habrá espacio público renovado.
“Lo que hay que analizar en el debate es si esos instrumentos tiene las herramientas de control necesarias, y dejamos de lado las asociaciones público privadas, que son las que más hacen; hablemos de las concesiones, que siempre han existido y tienen un fundamento constitucional: en sí misma no son malas, el problema es que no hay mecanismos de evaluación, para ver la parte del cumplimiento del interés público […] lo esencial será tener esos controles para saber si de verdad se sacrifica o no lo público, y si hay o no gentrificación”.