El 2017, el más violento; cifra de homicidios supera 13% a 2011
En derechos humanos existen desafíos, pero también hay acciones para enfrentar problemas como desapariciones, tortura y uso de fuerza, señala
En el caso Ayotzinapa “han sido abordadas de manera efectiva” 95 por ciento de las 941 peticiones del Grupo In ter disciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aseguró el gobierno federal.
Al responder el informe anual de la organización Human Rights Watch y su apartado sobre México, la administración del presidente Enrique Peña Nieto reconoció que existen importantes desafíos en derechos humanos, pero destacó que hay acciones concretas para enfrentar problemas como la desaparición de personas, la tortura y el uso de la fuerza del Ejército.
En un comunicado conjunto, secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República subrayaron también las investigaciones y sanciones a los responsables de casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el de los civiles muertos en Tanhuato y Tlatlaya.
Puntualizaron: “Existen desafíos importantes para alcanzar ese objetivo (garantizar el goce efectivo de los derechos humanos) por diversos factores internos y externos a nuestro país. No obstante... se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de estos retos”.
México, agregaron, “agradece el interés de Human Rights Watch por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo y reconoce las observaciones tanto de ésta como de otras organizaciones de la sociedad civil, reiterando el compromiso institucional, irrestricto e ineludible, por continuar trabajando en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos”.
Compromiso pleno
Al dar respuesta puntual a los asuntos abordados por la organización internacional, las dependencias expusieron que ya entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
Sobre el caso Ayotzinapa, abundaron, “el Estado mexicano está plenamente comprometido con el esclarecimiento” mediante la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección los derechos de las víctimas.
En ese expediente, 95 por ciento de las 941 peticiones del GIEI “han sido abordadas de manera efectiva”, aseguraron.
Además destacaron “el sólido compromiso de esclarecimiento y la sanción a los responsables de los hechos en el caso Tanhuato, para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas. Existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares”.
Sobre Tlatlaya, señalaron que se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, las víctimas o los ofendidos.
Afirmaron que se ha regulado el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual redundó en la reducción de 76 por ciento en las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército, en comparación con 2012.
Las fuerzas armadas, abundaron, continúan siendo las instituciones de mayor prestigio en la opinión pública mexicana. También cita la creación de unidades especializadas de la PGR para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos.
Manifestaron que el Estado mexicano rechaza y condena la tortura, por lo que ya existe una ley general en la materia, vigente desde junio de 2017.
Asimismo destacaron el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión.
Para la administración federal, el nuevo sistema de justicia da mayor agilidad y perspectiva de derechos humanos a los procesos judiciales.
Respecto a la violencia de género, doméstica y sexual, las dependencias aseguraron que hay normas y programas con perspectiva de género, destacando la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Entorno a los mi grant es apuntaron: “México continúa esforzándose para fortalecer las capacidades institucionales que aseguren su protección”, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Informaron que en los últimos cuatro años se otorgó la condición de refugiado a 6 mil 473 personas y se otorgó protección complementaria a mil 657.
Mientras se avanza en la protección de los derechos de las personas LGBTI, así como en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.