Los magistrados “suertudos” Vs. el ‘sistema’ anticorrupción
E l 1° de enero de 2018 entró en funciones un ‘sistema’ Estatal Anticorrupción en Jalisco. Debido al Transitorio PRIMERO de su Ley Orgánica, aprobada el 14 de septiembre de 2017, “El Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, perteneciente al Poder Judicial del Estado, se transforma en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco”. Incluso, el Transitorio TERCERO estipuló que “Los magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco continuarán en su cargo hasta concluir el periodo para el cual fueron designados, en las respectivas salas unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco”.
De forma que tanto Alberto Barba Gómez, presidente de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, como Armando García Estrada, titular de la Cuarta Sala, serán hasta febrero de 2024 [fecha en que vence su nombramiento de 10 años realizado en febrero de 2014], magistrados del aparatoso Tribunal que ‘sostiene’ (o empina) al Sistema Anticorrupción. ¡La iglesia en manos de Lutero!. Como fotografía ‘cuerpo entero’, queda acreditada la respuesta ‘efectista’ del Gobierno sobre un ‘Sistema’ que se ha planteado como la panacea del combate a la corrupción en Jalisco y que, irónicamente, ¡se encuentra cimentado sobre el mas representativo ìcono de la corrupción en nuestro Estado!
Los diputados jaliscienses que aprobaron esto podrían argumentar que el Transitorio OCTAVO de la reforma constitucional a nivel federal, que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (DOF 27/May/2015), estableció lo siguiente: “los magistrados de los tribunales contenciosos administrativos continuarán como magistrados de los tribunales de justicia administrativa de cada entidad federativa (…)”. No obstante, incluso dentro del escenario de una controversia constitucional suscitada entre el Poder Legislativo y el entonces TAE, acontecería que la razón recaería en el Congreso Local si éste hubiera decido hacer caso omiso de esta disposición plasmada en nuestra Carta Magna, alegando el ‘principio de libertad configurativa’ de los estados [en razón de que los Estados son “libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”]. Pero es mas cómodo abonar al pacto de impunidad en Jalisco, que combatir en efecto la corrupción.
A pesar de lo anterior, el caso de los “magistrados suertudos del TAE”, representa un paradigmático desafío para el nuevo Fiscal Anticorrupción, y para la legitimidad de todo el ‘sistema’; puesto que este se somete a prueba con las atribuciones constitucionales (los dientes que la ley le da) y legales que tiene para combatirla. Un ‘sistema’ que nace infiltrado. Que deberá combatir, entre otros, a dos “suertudos” magistrados que son parte de él, pero que a su vez acusan ser los principales obstáculos para su legitimidad y buen funcionamiento.