Elba Esther impugna restricciones del juez
La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, promovió un amparo donde impugna la resolución de un juez federal que ordenó restringir las visitas y llamadas telefónicas de la maestra, luego de que así lo solicitó la PGR por considerar que puede “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”.
Personas cercanas a la defensa, comentaron que la demanda de garantías quedó radicada en el juzgado 12 de distrito de amparo en materia penal con residencia en Ciudad de México, quien en las próximas horas emitirá un acuerdo sobre la petición de la maestra.
El juicio de amparo fue interpuesto después de que el juez sexto de distrito de procesos penales federales con residencia en el Reclusorio Oriente, Alejandro Caballero, determinó ampliar las medidas cautelares contra.
La PGR argumentó que Gordillo aún tiene influencia moral y puede “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”; asimismo, que el departamento de la maestra se convirtió en un “despacho”, donde recibe a decenas de personas, “desconociendo para qué fines”.
Las personas cercanas a la defensa comentaron que también existió un apercibimiento para el equipo de abogados de la maestra, “porque no agotaron el principio de definitividad”, es decir, que no agotó todos los recursos antes de interponer el juicio de amparo cuando se violan derechos fundamentales.
El pasado martes, Caballero dio un plazo de 24 horas a Gordillo para proporcionar la lista de amigos, familiares, abogados y médicos con copia de su identificación y comprobante de domicilio para que solo ellos puedan visitarla, siempre y cuando demuestran que son personas integras; de no entregar la lista en dicho plazo, se cancelarán las visitas temporalmente.
Lo único que no avaló el juez, fue que la maestra vuelva a portar un brazalete electrónico, para monitorear sus movimientos.
La PGR alegó que Gordillo, quien encabezó el SNTE, todavía ejerce autoridad moral, por lo que, el uso desmedido de los medios de los medios de comunicación, que tiene a su alcance, pueden desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano. “Por tanto resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicación para dar cumplimiento de forma adecuada a la medida”, detalla la petición que presentó la PGR.