Gobierno abierto frente a la corrupción
La semana pasada atendí a la invitación para asistir a la Glosa Académica que organizó el Poder Legislativo del Estado, con el propósito de analizar el quinto informe del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Para revisar los avances en materia de transparencia y combate a la corrupción, tuve oportunidad de compartir la mesa con algunos amigos y colegas académicos e integrantes de organismos de la sociedad civil, quienes dejaron en claro que lo informado estuvo muy lejos de una auténtica rendición de cuentas.
Ciertamente, luego de escuchar el recuento realizado por Gabriel Torres Espinoza sobre todos aquellos expedientes emblemáticos que marcaron el paso del maestro Juan José Bañuelos Guardado por la Contraloría del Estado; disfrutar de esa lectura siempre inteligente, realizada por Augusto Chacón, sobre la vasta numeralia con la que se pretendió dar cuenta de las múltiples acciones realizadas para un fin que no fue del todo explicado, y más bien parece haberse extraviado entre el cúmulo de los indicadores de gestión y resultados que suelen abundar en los informes de gobierno; y prestar atención al puntual señalamiento de Alberto Bayardo Pérez, sobre la evidente confusión conceptual entre lo que es la transparencia y el significado de rendición de cuentas; no había mucho que abundar sobre el contenido del susodicho informe de gobierno.
Por esta razón es que decidí variar mi intervención hacia una posición más propositiva –aunque al diputado Augusto Valencia le haya sonado más bien provocativa–, y llamar la atención sobre un asunto de la mayor trascendencia para el futuro de la vida pública de Jalisco: la crítica coyuntura preelectoral por la que atraviesa lo que aspira a convertirse en el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ). Y es que más nos habría valido echar mano de ese otro concepto clave contenido en el quinto informe del gobernador, para que pudiéramos ensayar un buen ejercicio de gobierno abierto, junto con los dos poderes públicos corresponsables de dotar de viabilidad financiera al referido Sistema Anticorrupción.
Me parece que otra historia muy distinta estaríamos atestiguando hoy, si los poderes Legislativo y Ejecutivo hubiesen invitado oportunamente a la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, a dar una opinión informada acerca de las necesidades más inmediatas, lo mismo de recursos humanos, materiales y técnicos, que demandarían tanto las instituciones preexistentes como las de nueva creación, para la puesta en operación del SAEJ a partir de este año. Apelando al espíritu cuaresmal, nunca es tarde para enmendar el camino.