Rechazan medidas cautelares
El presidente municipal de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, rechazó las medidas cautelares que le solicitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) para mitigar los problemas de la comunidad de Atacco por la convivencia cotidiana con la basura.
El planteamiento era “cumplir a cabalidad el convenio signado entre el presidente municipal y el representante de la comunidad, de fecha 23 de julio de 2016”.
El visitador adjunto adscrito a la coordinación de seguimiento, Porfirio Rodríguez Torres, le dijo al representante del Consejo Civil de Atacco, Guadalupe Espinoza Sauceda: “mediante oficio de fecha 12 de enero de 2018, suscrito por el L.A. Antonio Morales Díaz, presidente municipal de Tapalpa, nos informó que no acepta la medida cautelar debido a que señala se ha venido trabajando sobre la problemática del vertedero de Atacco, así como también nos informó diversas acciones que se han realizado en cuanto al cumplimiento del único punto de conciliación; no obstante lo anterior, mediante oficio PRT/400/2018, se le solicitó al municipio de Tapalpa informe a esta coordinación de seguimiento, cuándo dará cabal cumplimiento al convenio suscrito (…)”.
El visitador también revisó la presunta inacción de la Fiscalía General del estado por una denuncia penal promovida por los habitantes del poblado tapalpense. “”le hago de su conocimiento que puede acudir a interponer una nueva queja, donde se investigue el actuar del agente del Ministerio Público relacionado con la denuncia de hechos que ha presentado”.
Los integrantes del Consejo Civil de Atacco levantaron el pasado 9 de febrero una queja en la que acusan a la Fiscalía General del estado de no dar curso a una averiguación previa por hechos violentos que los afectaron, el 24 de abril de 2017, en el que creen se configura el delito de abuso de autoridad presuntamente cometido por parte de autoridades municipales de Tapalpa.
Sin embargo, la denuncia, que se presentó en Ciudad Guzmán, fue atraída por la oficina central de la Fiscalía General, la cual no ha dado curso a las investigaciones, incluso aunque se presentó un juicio de amparo en demanda de información de la averiguación 1248/2017, el cual tampoco habría sido respetado por la Fiscalía General. De esta manera, los afectados señalan que la justicia está operando a favor de los intereses y no de los ciudadanos.