Cancelan acuerdos a favor de El Zapotillo
El Ayuntamiento de Jalostotitlán reconoce que el trasvase a León daña a su economía y a sus habitantes; piden información al gobierno de Jalisco
El Ayuntamiento de Jalostotilán ha decidido desconocer el acuerdo que aprobó su cabildo el 3 de noviembre de 2008 (acta LXVII, punto de acuerdo 07), por considerar que el proyecto de la presa El Zapotillo y su acueducto a la ciudad de León es contrario a los intereses de sus gobernados, de su economía local y de sus derechos sociales y ambientales.
La comuna decidió, tras reunirse con miembros del Observatorio Ciudadanos para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, aceptar las recomendaciones que ha emitido el cuerpo colegiado, tendientes a que el proyecto de represa se detenga en 80 metros de altura y no se construya el acueducto.
“El c. presidente Guadalupe Romo Romo manifiesta que, tras las mesas de trabajo realizadas en nuestro municipio, así como toda la información recibida a través del observatorio (...) nos queda claro que el punto de acuerdo que se tomara el 3 de noviembre de 2008 es perjudicial para el desarrollo integral de nuestro municipios; el regidor Gamaliel Romo Gutiérrez, quien fuera síndico durante esa administración, , expresa que la decisión que se tomara (sic) entonces fue a quemarropa debido a las presiones por parte del gobierno federal y la falta de información al respecto, por tal motivo, se somete a votación, arrojando el siguiente acuerdo con diez votos a favor (unanimidad)”, lo que lleva a desconocer el acuerdo “y se acepta en todas y cada una de las observaciones que nos hace el Observatorio…”.
En particular, se aceptan las recomendaciones 1 y 2 de 2014, que son justamente las relativas a impedir el trasvase entre las cuencas del río Verde y del río Turbio.
Los regidores solicitan al gobierno de Jalisco que se entregue información sobre clima, hidrometría, usuarios, demografía, estaciones de aforo de agua, periodos de retorno de esta, cambio de uso de suelo autorizados, formulación y evaluación, bitácoras de avance del proyecto, su manifestación de impacto ambiental (MIA) debidamente autorizada, el balance hídrico de la cuenca y la proyección del recurso hídrico bajo la perspectivas de cambio climático.
El gobierno estatal también recibe la solicitud para que gestione la realización de un ordenamiento hídrico de la cuenca del río Verde a escala 1/50 mil conforme a la metodología desarrollada por la autoridad ambiental para hacer los ordenamientos ecológicos, y que una vez realizado, se constituya como un instrumento de política pública con fuerza de ley.
Exigen que se gestione una auditoría o análisis técnico que revise la autorización que se otorgó a la presa por medio de una MIA que ha sido impugnada en los círculos sociales y políticos por presuntamente haberse permitido “a modo” de los intereses de los constructores de la obra y de los gestores del proyecto de exportación de aguas.
“Esta auditoría deberá realizarse por una institución de educación superior de reconocida solvencia y con la participación de expertos en las materias comprendidas y la participación de observadores internacionales, así como por lo menos un miembro designado por el grupo técnico del observatorio…”.
Las medidas de cumplimiento de la recomendación, por parte de Jalostotitlán, serán: cumplir con lo señalado en las recomendaciones, y en particular, que se aplique la sentencia de la controversia constitucional 93/2012, “su cumplimiento es de orden público y su falta es contraria al estado de derecho”; también, cumplir la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 35/2009.
Detalla el caso del acueducto El Zapotillo-León, que atraviesa parcialmente Jalostotilán: se deben suspender los permisos y vocacionamientos otorgados a la obra, los cambios de uso de suelo que sean competencia municipal, y las licencias de construcción para la obra, también, que se gestione la impugnación del título de concesión otorgado a León sobre aguas del río Verde, así como transparentar documentos de dictaminación para la obra que pasaron por la Comisión Nacional del Agua. Los regidores son enfáticos en la necesidad de que se legisle sobre los temas de trasvase, y que quede clarificado que las cuencas “frágiles” por su escasa disponibilidad de agua y por la importancia de la población a la que sirven y la dependencia del recurso a la economía, deben ser eximidas de ese tipo de medidas en definitiva.