El alcalde de Villa Guerrero reclama la paz en conflicto
Dijo que está en manos de la justicia definir las propiedades que disputan ocho comunidades indígenas y diversos propietarios
El conflicto de tierras en San Lorenzo Azqueltán no ha sido fallado en definitiva, y la presidencia municipal de Villa Guerrero está obligada a dar un trato igualitario a las partes, asegura el alcalde de la demarcación, Aldo Gamboa Gutiérrez.
“Hay que decir que hay un grupo que se denomina comunidad indígena de Azqueltán, comunidad autónoma, pero tenemos ahí a ocho comunidades, cuatro wixaritaris [huicholas] y cuatro tepehuanas [O´dam], y quienes coordinan esas comunidad son tepehuanos, pero este grupo no llega ni a 20 por ciento de los integrantes de las comunidades”, advierte, en entrevista telefónica con MILENIO JALISCO.
“Ya ahí empezamos con los detalles, porque desde que empezamos la administración, ellos se acercaron conmigo y me decían ser los representantes de las comunidades, pero no hay un documento que lo avale; lo que ellos piden es un proceso de restitución, este grupo lo está encabezando y yo no tengo ningún inconveniente, están en su derecho y es correcto que traten de recuperar sus tierras; aquí el tema es que ya no nos entendemos cuando me dicen que lo que yo hiciera como ayuntamiento tenía que ser a través de ellos, que si tenía algunos programas tenían que ser a través de ellos, y eso no puede ser”, sostiene.
“No se puede porque hasta que no lo diga un juez, en el proceso judicial que tienen ellos, la restitución de tierras, sigue en suspenso, y si decide a su favor, entonces sí van a ser, pero mientras eso no suceda, para mi todos los habitantes son iguales y no puedo trabajar con solo un grupo”, añade.
Ese estilo de trabajo ha permitido, por primera vez en 20 años, la canalización de apoyos diversos, “y eso se puede constatar visitándolos y viendo las obras en que se les ha ayudado, y luego siguieron los conflictos; hubo lo de unas vaquillas, que se dio de a una por cada familia, y ellos trataron de oponerse, y que eso iba a ser a través de ellos y que iban a ver como se detenía; pero 80 por ciento de los habitantes quieren que lleguen los programas, y finalmente ellos también recibieron las vaquillas, no se negaron; así que se ha trabajado lo más parejo, sin distingos, y yo como ayuntamiento no puedo darle todo a ellos”.
Comenta en relación al despojo de tierras y de recursos. “Hablan de despojo con pequeños propietarios, ya se les notificó que ahí se habla de ciertos pedazos que ellos poseen; los pequeños propietarios tienen con qué defenderse, no se han acercado conmigo, ellos contrataron a sus propios abogados y yo no me he metido para nada; luego dicen que yo he incentivado a gente extraña para que venga a despojarlos, y sobre esas famosas persona extrañas primero que nada me deslindo porque yo no estoy incentivando nada, todo lo contrario, quiero que se incentive la región y por eso está todo el montón de proyecto que tenemos”, subraya.
Gamboa Gutiérrez sostiene que hace menos de seis meses, todas las partes interesadas firmaron un acuerdo de pacificación en la Dirección de Asuntos Agrarios del gobierno estatal. Los asuntos del Ministerio Público son competencia estatal, pero insiste en la necesidad de “buena voluntad” para que en lo que se clarifica lo legal, se pueda continuar con la atención de programas sin sobresaltos.
La presidencia municipal tiene la obligación de dar un trato igualitario a las partes involucradas