Luz verde de la Corte para encarcelar a Lula
LA MEDIDA PUEDE APLICARSE LA PRÓXIMA SEMANA Tras más de 10 horas de debate, los 11 jueces del Tribunal Supremo de Brasil decidieron por 6-5 votos enviar a prisión al ex presidente, condenado a 12 años
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) negó, la madrugada del jueves, el habeas corpus preventivo pedido por la defensa del ex presidente Lula da Sila para evitar ir a prisión debido a una condena en el caso del departamente tríplex de Guarujá, en Sao Paulo.
El STF rechazó un recurso del dos veces presidente izquierdista (2003-2010) para apelar en libertad ante las máximas instancias judiciales una condena a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La corte adoptó esa decisión por estrecha mayoría de 6 votos a 5 poco después de la medianoche del miércoles, tras más de diez horas de debates. Según juristas, Lula podría ser arrestado la semana próxima, cuando el tribunal de segunda instancia que lo condenó en enero analice las últimas objeciones de su defensa.
El relator del pedido, el ministro Edson Fachin, negó la apelación de la defensa. Los ministros Alexandre de Moraes, Luís Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux y Cármen Lúcia también votaron contra el habeas corpus.
Del otro lado, los ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello y Celso de Mello votaron a favor del habeas corpus a Lula da Silva, a seis meses de las elecciones presidenciales donde el ex líder sindical encabeza ampliamente las encuestas de intención de voto.
La última en votar fue la presidente de la corte, Cármen Lúcia, que desempató el resultado y definió a la mayoría contra la defensa del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) hace casi cuatro décadas.
Lula ya había sido hallado culpable por dos tribunales y, de acuerdo con una jurisprudencia dictada por el propio Supremo y reflejada en la ajustada votación de ayer, una sentencia ratificada en segunda instancia permite El debate del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sobre si conceder al ex presidente Lula da Silva un recurso de habeas corpus para que pueda apelar en libertad una sentencia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, se vincula con una discusión crucial para los procesos judiciales en el país sudamericano: ¿a partir de cuándo un condenado puede ser encarcelado?
Aunque el tribunal analizó el habeas corpus específico presentado por la defensa de Lula, el eje del debate de los 11 jueces del STF se relaciona con la anterior disquisición. el inicio de la ejecución de la pena, lo que pudiera suceder en los próximos días a partir de este fallo.
El drama judicial disparó las tensiones en Brasil en las últimas horas. Cientos de manifestantes salieron a protestar a favor y en contra de Lula en varias ciudades del país. También las fuerzas armadas fueron blanco de críticas luego de que el comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas, emitiera públicamente una opinión criticando la “impunidad”, en una evidente alusión a un posible
Por una estrecha mayoría de 6-5, el STF decidió en 2016 que las personas condenadas en segunda instancia —como es el caso de Lula desde enero pasado— podían empezar a purgar la pena sin esperar que juzgados superiores (de tercera instancia y el propio STF) analicen sus recursos
A pesar de ese entendimiento, persisten divergencias dentro del propio STF y al menos uno de los jueces que formaba parte de la mayoría ha manifestado públicamente haber cambiado de postura. fallo del Supremo a favor a Lula.
La grave crisis institucional en la que está sumido Brasil desde hace años por los escándalos del caso sobre corrupción política Lava Jato (“Lavado de autos”), ligado al caso Petrobras, ha generado en ciertos sectores de la sociedad llamados por una intervención militar en el país.
Lula, de 72 años, fue condenado el año pasado a nueve años y medio de cárcel en primera instancia por cargos de corrupción vinculados con el escándalo de Lava Jato.
El rechazo del recurso fue celebrado con fuegos artificiales por miles de detractores de Lula en varias ciudades y causó indignación entre los partidarios del ex presidente, que siguió el juicio en la sede de un sindicato del cinturón obrero de Sao Paulo y evitó pronunciarse sobre el resultado.
La sesión se celebró bajo fuertes medidas de seguridad, ante las manifestaciones convocadas por ambos bandos en Brasilia, donde hubo un refuerzo de 4 mil policías.