Política y justicia
Entre incendio (una vez más) en La Primavera, la cuota diaria de homicidios dolosos en aumento, campañas francamente aburridas y frías; destaca la conversación y debate sobre la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la cual Jaime Rodríguez El Bronco obtuvo su registro como candidato ciudadano a la presidencia de la república. Quizá desde la sentencia que liberó “inmediatamente” de la reclusión carcelaria a Florence Cassez no teníamos una polémica semejante.
En este caso de El Bronco los análisis van, en su mayoría, contra la sentencia y los magistrados favorecedores de la misma. Calificativos tales como burla de la justicia, ignorancia supina, confundir los derechos humanos con el fraude, desestimar la verdad jurídica por un tecnicismo legaloide, y otras lindezas califican al tribunal. Lo más preciso es destacar la confusión entre la defensa y reparación del daño por la violación de una garantía procesal para lo cual se decide entregarle el registro electoral porque se asume que no se puede reponer el procedimiento (lo usual y congruente en estos casos) pues se supone que el tiempo necesario para hacerlo dejaría sin oportunidad de competir en la contienda y por tanto, el juzgador imagina que la reposición virtual realizada en su mente, basada en un cálculo inválido en cualquier curso elemental de probabilidades, es favorable al interés del defendido.
¿De verdad no se puede reponer el procedimiento de revisión de las firmas en un tiempo adecuado? La solidez de las bases de datos del Registro Federal de Electores permite que una revisión como la necesaria en este caso se pueda realizar en tres o cuatro días, máximo, con el número necesario de operadores. ¿De verdad lo correcto es desestimar la decisión del INE de invalidar las firmas entregadas por El Bronco o a favor de la imparcialidad se debía verificar la justificación de la decisión? La decisión del Tribunal Electoral es abiertamente injusta con el INE.
¿De verdad se le negó el derecho de audiencia y se le negó el principio de presunción de inocencia? ¿De verdad el Tribunal verificó esos extremos? Parece le creyó sin más al quejoso y evitó considerar la voz del atacado. ¿Ese mismo tribunal va a decidir el posible conflicto sobre el ganador de las elecciones presidenciales? Este país merece otra justicia electoral.