El aeropuerto y el debate
L os grandes empresarios de México son una minoría ciudadana. No pasan del 1 por ciento. Los otros 99 por ciento, como dicen los okupas de Nueva York, vivimos de nuestro trabajo (algunos organizando el trabajo de otros).
En una república genuina (regida por los principios éticos de libertad, igualdad y fraternidad) el voto del hombre más rico del país, y aun del mundo, cuenta tanto como el de la pobre señora asentada en el suburbio, que vendió su voto por una despensa, por una pantalla, o por un chaleco mágico de color rosa.
Todos sabemos que, como dijo don Jesús Reyes Heroles, hay votos que cuentan y votos que pesan. Si alguien con pinta de persona común y corriente, tiene la intención de opinar, o simplemente asistir, a una “consulta ciudadana”, deberá presentarse a un recinto cerrado. En la puerta le interrogan de dónde viene y de qué corporación llega.
Si usted dice con frescura que llega de su casa, lo menos que causará es asombro; y más probablemente: sospecha. Democracia no corporativa es desconfiable. Ahora está de moda la “gobernanza”.
Para los puristas del lenguaje, la gobernanza era una palabra en desuso. Así lo tenía registrado el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Hasta que, hete aquí que desde la Casa Blanca (la de Washington) hace algunos años nos llegó la gran moda. Ahora la gobernanza, nueva versión, promueve “el sano equilibrio entre el Estado y el mercado de la economía”.
Gran moda. Aunque entre los daños estructurales del 2013 al Pacto Nacional de 1917, no lograron echar abajo un simple renglón por el que tanto pelearon en el Constituyente los muchachos del jefe Venustiano: como Francisco José Múgica, Heriberto Jara o los jaliscienses Ignacio Ramos Praslow y Esteban B. Calderón.
Sigue intacto: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.
No deja de llamar la atención el hecho de que uno de los países donde más intervención y “rectoría” tiene el Estado (federal) en la economía nacional, sea precisamente el de los Estados Unidos de América; y de manera especial el que ellos llaman “sector estratégico”: los hidrocarburos; así como la actividad agroalimentaria, fuertemente subsidiada.
Ahora, frente a las crecientes noticias de que los sondeos confirman la preferencia ciudadana (de uno por uno) en favor de un candidato a la presidencia de México, los corporativos empresariales se enfocan específicamente a un tema, sin duda trascendente para la vida económica del país; y en el que tienen especial interés y también intereses: el nuevo aeropuerto en construcción sobre el Lago de Texcoco, a partir de una empresa pública (como corresponde a un servicio prioritario nacional) que tiene concertadas mediante contratos varias obras de gran calado.
La obra está inconclusa. Con un costo declarado de 13 mil 300 millones de dólares. No hubo consulta pública sobre el avance. Ya comenzaron a percibirse algunos inconvenientes serios. Voces técnicas respetables han declarado con alarma la inconveniencia de continuar. Por otro lado, dirigentes empresariales de gran peso en la “gobernanza” han declarado virreinalmente que la obra “tiene que” seguir: porque ya hay contratos establecidos.
El candidato puntero en los sondeos ha propuesto un debate, de carácter técnico presupuestal, en el que participarían de manera tripartita personeros de la propia coalición en campaña, de los grupos empresariales directamente interesados y también de la administración federal que concluirá en diciembre de este año.
La visión presupuestal no es de menor referencia si consideramos que el gobierno federal que concluye, entregará la administración (en el mejor de los casos) con la deuda pública más alta de la historia de la República, tanto si se mide en términos absolutos (10 millones de millones) como si se pondera en comparación con el producto nacional bruto (la mitad del PIB en cifras cerradas).
Los montos son exorbitantes. La revisión ponderada se impone. Hay un punto teórico que vale la pena tomar en cuenta. Por definición, la empresa privada tiene un propósito máximo al que se subordinan todos los demás: obtener utilidades. Si falla en ese propósito, deja de ser empresa. Por supuesto: están en su derecho.
Por ello, resulta necesario acudir al principio constitucional de la rectoría del Estado: “las modalidades que dicte el interés público”. Aun cuando el empresario Carlos Slim considere y declare que los candidatos “no tienen por qué meterse” en este asunto público de gran envergadura.
P.D. El Consejo Coordinador Empresarial se desiste del Foro acordado sobre el Aeropuerto acordado en el lago de Texcoco. Se pierde la oportunidad de mostrar a los lectores la impoluta transparencia de sus contratos de obra.