CNDH reclama entregar tierras a los huicholes
Preocupa a los defensores de derechos humanos, la escalada de violencia que presenta la región de Huajimic
Declaración conjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal Hicieron “un llamado para que autoridades federales intervengan y garanticen la conclusión de procesos” Comuneros tienen restringido el acceso a sus tierras, con la intención de boicotear el proceso electoral
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), hicieron público ayer “un llamado para que las autoridades federales intervengan y garanticen la conclusión de los procesos de restitución de tierras” en Huajimic, superficie en manos de ganaderos mestizos que han impedido desde 2016 las ejecuciones judiciales a favor de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Waut+a) y su anexo Tuxpan de Bolaños (Kuruxi Manuwe), situación que tiene a la región al borde de la violencia.
Ambas entidades acudieron al último procedimiento de ejecución, el 12 de abril pasado, en el cual constataron el clima de violencia que hizo imposible la entrega de dos predios. En los hechos, fueron agredidos verbalmente los ejecutores del Tribunal Unitario Agrario 56, con cabecera en Tepic, y los propios enviados de las comisiones, y se amenazó de muerte a los representantes jurídicos de los wixaritari (MILENIO JALISCO, 13 de abril de 2018).
“En septiembre de 2017, la CNDH convocó a las autoridades estatales y municipales de Jalisco y Nayarit, así como a los tribunales agrarios e instituciones competentes, a vigilar que la restitución de tierras se realizara con base en el Estado de derecho y respeto pleno de los derechos fundamentales. Sin embargo, luego de dos procesos que concluyeron en octubre, los posteriores han sido impedidos de manera violenta y sin que las autoridades responsables de la seguridad pública hayan otorgado las garantías para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, y con ello dar cauce a la legalidad y al orden social”, señala la declaratoria. “El uso de la violencia para obstaculizar la ley es alarmante, si se considera que dicha restitución forma parte del derecho de los pueblos originarios y comunidades indígenas a preservar sus tierras y a hacer efectivas las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, tal como lo señala el artículo 2, apartado A, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, añade.
En ese contexto, “las comunidades wixaritari afectadas, en el marco de una asamblea extraordinaria celebrada los días 28 y 29 de abril pasado, hicieron pública su inconformidad y manifestaron como postura la de impedir el desarrollo del proceso electoral e incluso recurrir a la toma de escuelas si no recibían la debida atención a sus demandas. En tal sentido, la CNDH y la CEDHJ hacen nuevamente un enérgico llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a que realicen lo necesario a efecto de que se garantice el acceso a la justicia del pueblo wixárika en un clima de seguridad y paz social, para lo cual es indispensable el diálogo y el cumplimiento de acuerdos”.
Los ombudsman “reiteran la invitación a realizar mesas de diálogo entre los diferentes actores de este importante procedimiento, lo que incluye a la comunidad indígena wixárika, a los grupos de personas que actualmente ocupan las tierras y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el fin de abrir un canal de discusión que analice en toda su profundidad e implicaciones humanas esta controversia”. Para ello, es necesario asignar dinero fiscal para el pago de indemnizaciones por las posesiones que en algunos casos alcanza cinco generaciones.
“Las comunidades wixaritari de Jalisco están siendo sometidas a una serie de presiones que evidencian el abandono que por siglos han vivido. Como la reciente intención de anexar tierras ocupadas por población wixárika que habitan en la comunidad de San Andrés Cohamiata, para hacerlas parte de otra entidad federativa, ante lo cual estas defensorías también solicitan el pleno respeto del derecho a la consulta previa e informada, y en general, a los derechos específicos de los pueblos indígenas consignados en las leyes nacionales y en tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país”, añadieron , en relación a la anexión que Nayarit se hizo de 12 comunidades y 30 mil ha de Tatei-kie, por el momento, suspendida (ver ediciones del 26, 27 y 28 de abril de 2018).