700 niños que no le importan al Estado

Saskia Niño de Rivera, fundadora y directora de Reinserta, me cuenta esta historia: hace poco más de un año, por su trabajo para dignificar la vida de las mujeres y sus hijos que están en las cárceles, visitó la prisión de Topo Chico. Después de una reunión con el director, a la hora de ingresar al área de los internos, él les dijo que no podía entrar, no era seguro para él ingresar a la cárcel que dirigía. Entraron Saskia y su grupo de Reinserta y pudieron contar hasta 56 niños viviendo en el penal.

Cuando salieron, otra vez con el director, le preguntó cuántos niños había allá adentro. El director preguntó a su gente y le dijo que 34. ¿Cuántos niños viven en nuestras prisiones? Ni Saskia, que lleva tantos años entregada a esa causa, lo sabe con exactitud. Los gobiernos, mucho menos. El mejor cálculo dice que en nuestras prisiones viven 700 niños.

Estas niñas y niños no forman parte de ningún presupuesto, por lo que sus necesidades básicas no están cubiertas y sus derechos humanos son constantemente vulnerados.

Como lo señala un estudio de Inmujeres y Reinserta, hasta antes de junio de 2016, no existía en México una normatividad que regulara la permanencia de las niñas y niños con sus madres en prisión; esta situación únicamente se preveía a nivel reglamento, no con los mismos criterios y, por supuesto, no en todas las entidades federativas. Las niñas y niños que nacían en reclusorios quedaban en una total invisibilidad jurídica, social y presupuestaria.

Gracias al esfuerzo de Reinserta, la Ley de Ejecución Penal ya reconoce a las niñas y los niños que nacen y viven en las cárceles, así como la obligación de los estados y el gobierno federal de respetar sus derechos y asegurar que crezcan y se desarrollen en un ambiente libre de violencia. La ley existe, pero no se ha cumplido. La fecha límite para que los gobiernos cumplan es el 30 de noviembre de este año y por lo que me cuenta Saskia a pocos les importa entrar en incumplimiento.

En estos tiempos de discusión del país del futuro: ¿qué dice de nuestros gobiernos si no son capaces de proteger y atender a unos cientos de niños nacidos en una situación de gravísima vulnerabilidad?

Dice Eliane Brum: “Lo que nos define como individuos y sociedad es nuestra capacidad de exigir dignidad y legalidad en el tratamiento de los culpables. El compromiso civilizatorio es largo y exige lo mejor de nosotros: respetar la vida de todos. Todo lo que no sea eso es demagogia”.

Pues así, en este caso por 700 niños.