Han enviado 580 motos al corralón
Bastó una tormenta para recordarnos la fragilidad de la ciudad: Desbordamientos, vehículos arrastrados, túneles y sótanos inundados, gente atrapada –por suerte sin pérdida de vidas humanas– vehículos de emergencia atrapados y sin poder atender las emergencias, parte de la ciudad colapsada y, por supuesto, caos vehicular. Según los expertos se trató de una lluvia que fue normal.
Pero, sobre todo, la primera lluvia torrencial de la temporada en el Área Metropolitana de Guadalajara, evidenció la descoordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y donde el reparto de culpas es la constante, sobre todo en periodo electoral. Empero, la realidad es que quedó de manifiesto la ineficiencia e irresponsabilidad de los gobiernos en cuanto a la planeación, ejecución, mantenimiento y vigilancia de las obras que ejecutan o autorizan.
Para los habitantes del área metropolitana de Guadalajara la línea 3 del tren ligero –si algún día se termina– ayudará a mejorar la movilidad en la ciudad, sin embargo, en el proceso de construcción ha sido una verdadera pesadilla que mata las bondades de dicha obra.
Una obra mal diseñada desde su concepción básica, pesimamente mal planeada, sin proyectos ejecutivos, sin soluciones en su integración a la ciudad, planeada sobre las rodillas y con soluciones urbanas en algunos puntos que fueron resueltos parcialmente –más por la presión social que por un trabajo profesional integral–, manejada con una gran opacidad en los aspectos técnicos, generando una gran cantidad de impactos negativos y afectaciones a la economía de la población, aumento de la contaminación por los cierres viales, la perdida de horas hombre y el decremento de la calidad de vida de miles de familias. Y todo con la complacencia de las autoridades estatales y municipales actuales. Por tales motivos, no nos extraña la falta de previsiones para garantizar la seguridad de la población y la afectación a terceros en sus personas o en sus bienes.
La operación y construcción de la Línea 1 del tren ligero también pone de manifiesto la absoluta irresponsabilidad de los funcionarios públicos, de tal suerte que puso en riesgo a los usuarios del principal sistema de transporte colectivo del AMG. No es posible que uno de sus túneles quede inundado porque falló el cárcamo de bombeo por falta de energía eléctrica. ¿Nos preguntamos si cuenta con planta de emergencia o también falló? En donde quedó la revisión, mantenimiento y vigilancia de la operación de un sistema donde se transporta a miles de pasajeros al día. Vaya, no es cuestión de presupuesto, dado que se presume que ese sistema opera con números negros.
La respuesta es la ineficiencia de los funcionarios públicos responsables, a quienes se les olvida que su principal objetivo es servir a la ciudadanía, brindando la máxima seguridad a la población.
Las imágenes difundidas de un par de vagones del tren ligero inundado, donde ciudadanos ayudaron a salir a los usuarios del trasporte público nadando, con salvavidas improvisados, rescatando niños, mujeres y personas, nos pone a reflexionar sobre la solidaridad de los ciudadanos, pero también preguntarnos. ¿En dónde estaban las autoridades y los equipos de rescate que desfilan pomposamente el 16 de septiembre?
La frase favorita de los políticos –sobre todo en tiempos electorales– es la de: “hacer más con menos”. Esta frase es un llamado a realizar obras pesimamente planeadas, sin proyectos ejecutivos, obras de relumbrón y superficiales, baratas, sin estudios, mediáticas… y no obras que solucionen la problemática real de la ciudadanía. Difícilmente se destinan presupuestos para corregir lo mal hecho u obras que le den seguridad a la población. A ellos les interesan las obras faraónicas y en zonas donde todos las vean, además de presumirlas como si fueran propias y como si no fuera su responsabilidad hacerlas con dinero de todos –y que dicho sea de paso: a los funcionarios les pagamos su salario por cumplir con esa tarea y todavía más absurdo quieren que les demos las gracias–.
Pero si las obras públicas adolecen de proyectos al vapor –para nada ejecutivos aunados a una planeación integral y los estudios necesarios para su ejecución– resulta inconcebible y verdaderamente irresponsable que funcionarios públicos municipales autoricen obras sobre cauces de ríos omitiendo las advertencias de las dependencias de su mismo municipio en donde no se debían autorizar y mucho menos realizar.
Estas omisiones e irresponsabilidades trajeron como consecuencia la inundación del sótano y planta baja de un centro comercial donde en domingo estaba plagado de familias. El saldo: pánico, personas y vehículos atrapados, daños en cientos de automóviles y miles de pesos en daños de mercancía y, sobre todo, el riesgo que corrió la población, afortunadamente sin desgracias o pérdida de vidas humanas qué lamentar, al margen del caos vial, la movilización de los cuerpos de protección civil, bomberos, policía, agentes de movilidad, ambulancias etc. Con el costo que ello significa y todo por una autorización que no debió otorgarse.
Se podrá discutir el volumen de agua extraordinaria sobre el cauce del canal de avenida patria –quizá– pero, si ese fuera el caso, también es responsabilidad del municipio por autorizar una serie de obras aguas arriba donde se han tapado cauces, arroyos y escurrimientos naturales y aun que fueran autorizadas por otras administraciones, o por los tribunales, la responsabilidad de tomar las previsiones para brindar seguridad es de la actual administración y más aún que en el mapa de riesgos de protección civil está considerado como de alto riesgo. Nunca se debió autorizar una modificación al proyecto original en contra de las advertencias y los estudios.
En cualquier país o ciudad del mundo civilizado estas omisiones de los funcionarios públicos, empezando con el director de obras públicas y su equipo, traerían como consecuencia su renuncia o su cese inmediato, además de su inhabilitación para posteriores cargos y pondrían en el patíbulo al presidente municipal que lo nombró ¿Por qué aquí no hacerlo? Y, asimismo, es pertinente preguntarnos ¿Y en dónde queda la responsabilidad del Director Responsable de Obra de Edificación?
Al margen de las omisiones e irresponsabilidades sancionadas en la ley de servidores públicos también en el código urbano establece en su artículo 358 que “la responsabilidad del Estado y los Municipios por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular causen en los bienes o los derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización”, esto haría que los funcionarios públicos que autorizaron le causarían un daño patrimonial al municipio.
Pero también hay una responsabilidad implícita de los constructores y su responsable de la obra, en el mismo código urbano en el artículo 349 establece sus funciones donde establece que “Los directores responsables de la obra son los profesionistas responsables del control y construcción de cualquier género de obra, que se encuentran legalmente establecidos, responsabilizándose que la ejecución de las obras que le sean encomendadas, cuidando y dirigiendo bajo su responsabilidad que se realicen estrictamente de acuerdo a los proyectos ejecutivos y especificaciones aprobadas por la autoridad municipal, de las leyes y reglamentos que correspondan, de las autorizaciones para el inicio, durante y terminación de la misma, de las normas de seguridad, del sistema constructivo, de la calidad de los materiales, de la afectación a terceros y todo cuanto se requiere durante el proceso, terminación y finiquito de la obra”.
La acumulación de errores, ineficiencia, omisiones de los funcionarios públicos ponen en un riesgo cotidiano a la población, ejemplos y riesgos hay muchos en esta gran ciudad, producto de la acumulación de irresponsabilidades, corrupción, simulación y tolerancia de las diferentes administraciones que sería interminable nombrar y, aun más, analizarlas; pero este evento nos recordó lo que no debemos hacer y lo mucho que se ha dejado de hacer en materia de planeación, medio ambiente, desarrollo urbano y profesionalización de la administración pública, y además lo que como ciudadanos no debemos permitir. No caigamos en la trillada frase de “después del niño ahogado tapemos el pozo”.
Hoy la clase política y muchos funcionarios públicos carecen de credibilidad, exigir que se cumpla la ley no es negociable y menos aun que destaque la impunidad. Si de verdad quieren tener credibilidad, tanto los políticos como las autoridades, empiecen a mostrarnos que van en serio y luego entonces comenzaremos a creer.
La detención de 580 motocicletas y la aplicación de dos mil 254 infracciones, son los resultados que dejó el operativo a motocicletas que llevó a cabo la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad (Semov) en el área metropolitana.
El corte realizado corresponde al periodo del viernes 8 al martes 12 de junio de este año. La Secretaría de Movilidad detalló que de las motocicletas, 439 fueron detenidas por falta de documentación, 130 por no contar con placa, nueve por mantener ocultada la placa y otras dos por encontrarse mal estacionadas.
Cabe destacar que algunos de los motivos por los que la autoridad vial puede sancionar a conductores de motocicleta son: porque estos conduzcan su vehículo en ciclovías, en zonas peatonales, o en plazas y pistas para peatones; por llevar exceso de personas arriba de la moto; por no respetar su carril; por no portar casco de protección o chaleco reflejante; entre otras faltas.