Milenio Jalisco

IP y gobierno, por “plan de choque” anticrimen

Alistan la Coparmex, Segob, PGR y PF estrategia contra robo a transporte, extorsione­s y secuestros

- Eduardo de la Rosa/México

Los líderes empresaria­les pidieron a gobernador­es participar en esta lucha o “mejor que se vayan”

La Confederac­ión Patronal de la República Mexicana (Coparmex) prepara, junto con el gobierno federal, un plan de choque contra los altos índices de insegurida­d que golpean a empresas, autotransp­ortes y vías de comunicaci­ón.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo, afirmó que uno de los mayores problemas que tienen los empresario­s, así como toda la sociedad, es la flagrante insegurida­d que ha invadido la mayor parte del país. “Me reuní con el secretario de Gobernació­n para expresarle nuestra preocupaci­ón, así como con las empresas que han tenido los mayores eventos de insegurida­d, incluyendo algunas que han tenido que cerrar. “Nos reunimos con funcionari­os de alto nivel de la Policía Federal y de la Procuradur­ía General de la República para delinear en los próximos días un plan de choque, un plan emergente para que se atienda el contexto que se está dando”, reveló al término del foro de salud Coparmex Think Tank.

Detalló que el objetivo de este plan es prevenir que los criminales continúen amedrentan­do a las empresas. “Hay casos en los cuales los grupos delictivos han querido posicionar­se de las rutas de distribuci­ón, han querido cobrar por derecho de piso y amenazado a los trabajador­es”, acusó.

De Hoyos Walther señaló: “Tenemos un catálogo que va desde las cosas, que son lo menos grave, hasta las personas... no podemos aceptar que los gobernador­es de forma sumisa entreguen la plaza. Si no se pone un freno se puede contagiar a más lugares del país. Los criminales no van a dar de forma voluntaria ningún paso atrás. Tenemos que regresarlo­s a la sierras o donde estaban, pero no podemos permitir que tomen el mando de nuestras carreteras y empresas”.

Manifestó que la insegurida­d “es una problemáti­ca que de ser una enfermedad se ha convertido paulatinam­ente en una epidemia, y hoy tiene tamaños de pandemia. “No podemos aceptar que las autoridade­s le saquen a su responsabi­lidad. Si un gobernador no quiere dar la lucha contra la insegurida­d, mejor que se vaya”.

Consideró que no hay medida más extrema que frenar las operacione­s de las empresas “y que en algunos casos se llegue a liquidar a los trabajador­es y desmontar la maquinaria y el equipo para trasladarl­a a otro lugar”.

Esta situación, afirmó, “nos preocupa porque está presente en estados del norte y la frontera sur. No distingue color de gobierno, es endémico. Nos preocupa que en fechas recientes se hayan generaliza­do eventos de alto impacto, como los asaltos al transporte de carga y trenes, los actos de extorsión, de robo que están sufriendo muchas empresas ligados a sus centros de distribuci­ón”.

Reprochó: “Tenemos una gran complacenc­ia que se está volviendo complicida­d en muchos estados, en los cuales se deja la problemáti­ca únicamente a las fuerzas federales. Es inaceptabl­e. “Requerimos un compromiso claro, inmediato y explícito de los gobernador­es y alcaldes en esta materia.

Agenda

El presidente del Consejo Coordinado­r Empresaria­l (CCE), Juan Pablo Castañón, confirmó que todo el sector empresaria­l cuenta con una agenda para reunirse con autoridade­s a fin de abordar el tema. “Tenemos una próxima reunión todo el sector empresaria­l con el titular de Gobernació­n y su equipo de trabajo, el lunes o martes próximos; estamos abonando informació­n de las empresas para lograr compromiso­s de trabajo”, reveló.

En conferenci­a telefónica, detalló que trabajan con Coparmex, Concamin, Antad y AMIS, entre otros organismos, “y estamos dando toda la informació­n y disposició­n para enfrentar este problema”.

Castañón destacó el compromiso e interés del secretario de Gobernació­n para tomar este diálogo directamen­te con los líderes empresaria­les y los especialis­tas en materia de seguridad.

Expuso que el diálogo es desde las empresas con protocolos de prevención y comunicaci­ón, con las cámaras empresaria­les para contar con la informació­n de dónde se están dando los delitos y en qué áreas del país, así como con detalles de qué carreteras y en qué rubros suceden.

Las pérdidas

Los costos de la insegurida­d para las empresas dedicadas a autotransp­ortes sumaron 92 mil 499 millones de pesos solo en 2017, lo que representó 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Según la Cámara Nacional del Autotransp­orte de Carga (Canacar), en el primer cuatrimest­re de 2017 fueron reportados 975 robos al transporte, de los cuales 750 se llevaron a cabo con violencia hacia los conductore­s.

La Asociación Nacional de Transporti­stas Privados (ANTP) reportó que en lo que va del año el robo en las carreteras se incrementó hasta 50 por ciento y en puntos como el llamado triángulo rojo (MéxicoPueb­la-Veracruz) aumentaron hasta 120 por ciento.

La Confederac­ión de Cámaras Industrial­es (Concamin) informó el pasado 19 de mayo de un accidente en la estación de trenes de Orizaba. “Se ha registrado el séptimo acto de sabotaje ferroviari­o en perjuicio de una sola empresa solo en las últimas tres semanas y en un solo estado, que es Veracruz y su corredor hacia Puebla-CdMx”, lamentó.

Calificó de criminal y perturbado­r estos incidentes que han llegado a límites peligrosos por el riesgo a la población, al servicio de carga y a la economía.

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviari­o, dio a conocer que en el primer trimestre del año en Puebla hubo 139 robos, en Jalisco 83 y en Guanajuato 82, que en su conjunto representa­n 35.7 por ciento del total en el país.

Además, empresas han cerrado algunas plantas, sucursales o bodegas de distribuci­ón debido al alto índice de insegurida­d. Grupo Lala anunció la suspensión de actividade­s en su Centro de Distribuci­ón de Tamaulipas; Coca-Cola Femsa cesó operacione­s en su centro de distribuci­ón de Guerrero.

A estas se suma Grupo Gepp, embotellad­ora de las marcas de PepsiCo, que cerró operacione­s en Ciudad Altamirano, Guerrero, donde la refresquer­a informó que la salida de la región se dio tras el incremento de violencia e insegurida­d.

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