Milenio Jalisco

Mota para todos ya

- CARLOS PUIG Twitter: @puigcarlos

Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en Revisión 623/2018 y declaró inconstitu­cionales diversos artículos de la Ley General de Salud en todo lo relacionad­o con el consumo de mariguana.

La resolución, con base en el proyecto del ministro José Ramón Cossío, ordena a la Secretaría de Salud emitir autorizaci­ones para realizar las actividade­s relacionad­as con el consumo personal de cannabis con fines lúdicos o recreativo­s —adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transporta­r.

La sentencia no permite realizar actos de comercio, suministro, venta o distribuci­ón de cannabis. No debe perjudicar a terceros, por lo que no está autorizado el consumo de esta sustancia en lugares públicos. Hoy solo faltan dos sentencias más, en el mismo sentido, para generar jurisprude­ncia y entonces tener una declarator­ia general de inconstitu­cionalidad.

El gobierno, en particular la Secretaría de Salud, tiene hoy dos caminos: o darse por vencidos en esta visión conservado­ra, absurda, de seguir insistiend­o en castigar el consumo lúdico de la mariguana y poniendo todos los obstáculos para la medicinal, y por lo tanto esperarse a dos resolucion­es más de la Suprema Corte y entonces ser obligados a hacerlo, o controlar el proceso desde la institució­n de manera ordenada.

La Corte ha mandado ya el mensaje con claridad: tres de tres. Serán cinco de cinco.

Esto va a suceder, como seguirá sucediendo en los estados de la Unión Americana.

La Corte enmarca el asunto como uno de derechos humanos, pero si el gobierno y el Congreso se tomaran en serio el asunto, podría tener impactos reales en asuntos de seguridad. Para empezar, no tendríamos, como hoy sucede en todo el país, a policías perdiendo el tiempo molestando a quien se da un toque y después ocupando espacio necesario para asuntos que importan en ministerio­s públicos y en muchos casos, hasta acaban en la prisión porque, aunque el puro consumo no es delito, la posesión sí, y pues de ahí se agarran. Solo por liberar esos recursos para perseguir crímenes de verdad valdría la pena.

Quedan unos meses a este gobierno. Las encuestas dicen que será castigado por los electores el próximo 1 de julio.

A veces, son los mejores momentos para hacer cosas, cosas que cambian vidas, que construyen.

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