Ejército de Nicaragua tolera ataques: ONG
Gobierno y oposición de Nicaragua se reúnen por segundo día para resolver crisis política
“Los que andan matando gente no son cualquiera, tienen preparación” militar
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, acusó este sábado al ejército de estar “comprometido en el estado de terror”, por tolerar presuntamente que grupos paramilitares ataquen a civiles que protestan contra el gobierno de Daniel Ortega.
Carrión visitó a familiares de seis personas que murieron quemadas ayer en una vivienda atacada por policías y presuntos paramilitares en Managua. “Este es un reclamo que hacemos firmemente al ejército: nadie puede comprar en una pulpería un fusil de alta precisión. Los que andan desplazándose y matando gente no son cualquiera, tienen preparación” militar, dijo el activista.
En las últimas dos semanas, Managua y otras ciudades del país han visto la presencia de francotiradores en lugares públicos y la movilización de hombres armados en redadas contra opositores al gobierno.
El ejército afirma que no está involucrado en la crisis, que se inició el 18 de abril pasado con una protesta estudiantil tras la alza a las cuotas en el seguro social, y asegura que no reprimiría protestas de civiles.
Ayer, el gobierno llevó adelante una segunda sesión del diálogo nacional con la oposición, que protestó por los nuevos hechos de violencia.
La oposición acusó al gobierno de violar el “cese a la violencia” pactado la víspera, al ordenar ataques en varias ciudades, entre ellos el incendio de la vivienda en un barrio del oriente de la capital, donde fallecieron los cuatro adultos y los dos niños.
El gobierno de Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reanudaron el viernes el diálogo nacional, con mediación de la Iglesia católica, para intentar resolver la crisis que sacude al país desde hace casi dos meses.
Al concluir la reunión de ayer, la Conferencia Espiscopal anunció la creación de tres comisiones de trabajo, formadas cada una por tres delegados del gobierno y tres de la Alianza Cívica, con los obispos como testigos y organismos internacionales de derechos humanos como acompañantes, como la ONU y la CIDH.
Una de las comisiones, la de verificación y seguridad, se encargará de garantizar el cese de la violencia y el retiro de los “tranques” (retenes) que los campesinos colocaron en carreteras del país.
En tanto, la comisión de democratización discutirá la renuncia del actual tribunal electoral, acusado de fraude por la oposición, y la preparación de elecciones generales el 31 de marzo de 2019, lo que anticiparía los comicios presidenciales previstos para 2021.
La tercera comisión, la judicial, trabajará en el tema de la renuncia y sustitución de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señalados de favorecer con sus actuaciones a Ortega.
Ambas partes acordaron reanudar la mesa de diálogo el lunes en Managua.
La crisis se ha cobrado ya la vida de al menos 200 personas y otras 1,400 resultaron heridas, según organismos de derechos humanos independientes. El gobierno solo reconoce 46 fallecidos.m