A falta de la nueva ley

Ante “la imposibilidad de sacar adelante su Proyecto de Ley General de Aguas, el gobierno federal y los agentes que representan los intereses económicos tras ese proyecto” han generado un nuevo marco que permite, de facto, el uso económico intensivo de las cuencas, señala Miguel Ángel Montoya, especialista en el tema y asesor del PRD en la Cámara de Diputados.

Esto se logró en cuatro pasos: uno, “la emisión de lineamientos en agosto de 2017 para la autorización del fracking; dos, “impulsar la modificación de las leyes estatales a efecto de establecer facilidades e incentivos para privatizar el servicio público de suministro”; tres, “propiciar la asfixia financiera de los organismos operadores de agua al recortar el presupuesto federal reduciendo hasta en 72 por ciento desde el ejercicio 2016 los recursos federales que les correspondían y al evitar a toda costa el devolverles el pago de Derechos que por ley obliga el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos”. Cuatro, “concesionando el agua de los ríos del país que aún está disponible por haberse encontrado bajo la protección de decretos de veda”.

Piensa que no es casualidad que una operación tan amplia se haga al final de la administración, “¿Por qué Conagua ignoró las solicitudes de levantamiento de veda en algunas regiones específicas de Chiapas y Oaxaca y hoy de manera repentina y por demás amplia y generosa suprimen las Vedas en 20 estados de la República? La respuesta se puede encontrar en la Ley general de Aguas que nunca fue”.