Jalisco en el Índice de desempeño de las fiscalías 2018
E ste mes circula en la revista Este país el Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2018. Este índice contiene 8 variables que contemplan tanto los recursos materiales y humanos con que cuentan las fiscalías, como sus resultados, operación y la confianza de la ciudadanía en el ministerio público local. También se toma en consideración la efectividad de la política criminal en la persecución y sanción de los delitos de mayor impacto social.
Lo encabezan Chihuahua, Colima, Yucatán y Guanajuato; en tanto que las últimas posiciones corresponden a Puebla, Guerrero, Michoacán y Estado de México.
Jalisco ocupa la posición número 19 entre las 32 fiscalías del país y en algunas variables presenta indicadores preocupantes: en la proporción de órdenes de aprehensión cumplidas ocupa la posición 27 (40.6%); la 29 en ministerios públicos por cada 100 mil habitantes (4.5); y la última (32) en la proporción de investigaciones criminales concluidas efectivamente (5.4%); la 21 en presupuesto anual per cápita ($238.80, presentando un incremento de 60% respecto del año anterior, cuando ocupó la posición 28). Jalisco ocupa el lugar 30 en probabilidad de esclarecimiento de los delitos: 0.37% (pues sólo se denuncia e inicia investigación 6.8% de los delitos que realmente se comenten y de éstos solo se esclarece el 5.4%). Es más probable que un jalisciense compre un boleto del sorteo zodiaco de la lotería nacional y acierte tanto en el signo zodiacal como en su dígito (probabilidad de 0.83%), que la probabilidad de que sea víctima de un delito y éste se esclarezca (0.37%).
Apenas está por debajo de la media nacional (lugar 17) en el tiempo de espera de los denunciantes para ser atendidos: 118.4 minutos. Es el Estado 12 en impunidad de homicidio intencional: 70.6%; y –en su mejor indicador- es el séptimo con mayor confianza de los encuestados en los ministerios públicos locales (14.2% confía mucho y 48.3% confía algo).
La agenda de transformación para la Fiscalía de Jalisco puede apoyarse en las buenas prácticas que el índice a documentado en Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León o Baja California, como la adopción de nuevos modelos de gestión y buenas prácticas en atención temprana y canalización de los asuntos para su adecuada gestión; atención a las víctimas del delito (el esquema de la ruta de la víctima y los centros integrales de atención a víctimas); la investigación criminal (cambiar el esquema epistolar –por oficios- por unidades de investigación con fiscales, policías, investigadores, peritos y personal de inteligencia adscritos); desarrollar el potencial de la Justicia alternativa en materia penal (sistemas de indicadores y estándares para cada fase de los procedimientos). En Sinaloa se cosechan buenos resultados de su unidad de investigación dedicada exclusivamente al cumplimiento de órdenes de aprehensión.
Los delitos de alto impacto deben tener una atención estratégica y focalizada. La ejecución de 100 o 150 órdenes de aprehensión claves de las más de 30 mil órdenes de aprehensión pendientes tendría un impacto inmediato en la reducción de la incidencia de los delitos de alto impacto.
El inicio de una nueva administración exige una ruta crítica de refundación de los servicios de procuración de justicia; combatir a la corrupción y la penetración criminal de las instancias de seguridad y justicia y revertir el deterioro de la capacidad de investigación del sistema justicia penal. La sentida demanda de los jaliscienses por seguridad y la justicia no puede seguir siendo postergada por el Estado.