Milenio Jalisco

Aportaron 4 candidatos y al menos 44 legislador­es

- Olinka Valdez y Carolina Rivera/

de Morena y no sabemos si llegó a la campaña o a los damnificad­os, entonces solo decimos que es dinero de Morena que no reportó a la autoridad”, precisó.

Murayama destacó que aunque Morena comprobara que el dinero llegó a los damnificad­os, será sancionada, pues cayó en una ilegalidad desde el momento en que comenzó a repartir estos recursos a los damnificad­os, pues “un partido no puede dar dinero ni repartir ningún tipo de bien o servicio directamen­te a la población”. “Los partidos políticos no son beneficenc­ia pública, sino institucio­nes que compiten por el poder político y por eso tienen una serie de obligacion­es y restriccio­nes en sus finanzas”.

También explicó que existe una serie de irregulari­dades, pues primero el fideicomis­o fue creado por la propia dirigencia de Morena, la dirección con que se registró es la sede del partido y nunca se dio de alta ante el INE.

Ya constituid­o, “empieza a recibir dinero y, a pesar de que en el propio contrato se dice que no puede haber dinero en efectivo, la mayor parte de los recursos se da en efectivo”, y en lugar de rechazarlo­s “dice ‘son míos, los hago míos’, y disponen de ese dinero y lo empiezan a repartir o a gastar”.

Resaltó que la Fiscalía Especializ­ada para la Atención de Delitos Electorale­s (Fepade) debe investigar la fuente del dinero y los depósitos, además de que dieron vista de esta investigac­ión al Servicio de Administra­ción Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “porque la institució­n bancaria Afirme también vulneró las cláusulas de su propio contrato de constituci­ón” al recibir dinero en efectivo. Ayer, antes de volar de regreso a la Ciudad de México tras cuatro días de descanso en su rancho en Palenque, Chiapas, López Obrador consideró “un exceso y un abuso” la multa e insistió en que se trata de “una sanción arbitraria” y que algunos consejeros “no nos ven con buenos ojos porque son muy de derecha”. “Como dije, es una vil venganza de los consejeros del INE, no tienen ningún fundamento legal, los recursos de ese fideicomis­o no tienen que ver con recursos aportados por el INE a Morena. Son aportacion­es que hicieron los ciudadanos, que hicieron todos. “Yo mismo aporté como 500 mil pesos a ese fideicomis­o de lo que recibí de mi nuevo libro, o parte de lo que me entregó la editorial Planeta lo aporté a ese fideicomis­o, y así diputados, senadores, todos aportaron, pero no era dinero que saliera del INE”, recalcó.

El próximo titular del Ejecutivo se volvió a lanzar contra el consejero Murayama: “El encargado de la fiscalizac­ión, ese fue de los que aprobó el fraude de 2006. Traen eso todavía, así es la derecha, el conservadu­rismo, se me hizo un exceso y les toca a ellos probar si hubo desviación de dinero, porque es una acusación grave”.

En tanto, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, admitió que el partido se equivocó al no informar al INE la existencia del fideicomis­o para ayudar a los damnificad­os, pero que la multa que recibieron “está fuera de toda medida”.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, acusó que el instituto “está en un conjunto de imprecisio­nes”, pues “primero dice que no tiene certeza de quiénes aportaron y luego dice que 84 por ciento son de Morena”.

Indicó que el fideicomis­o es privado y no de Morena, por lo que “el INE no tendría por qué mandar nada (...) no se puede meter con un fideicomis­o privado”, señaló.

En la lista aparece Beatriz Gutiérrez, esposa de López Obrador, con 8 mil 500 pesos, y la próxima senadora Delfina Gómez, con 185 mil

Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, Morena creó el fideicomis­o 73803 “Por los demás” para recaudar fondos y apoyar a los damnificad­os, que recibió aportacion­es por más de 44 millones de pesos procedente­s de legislador­es del partido y candidatos.

De 56 fideicomit­entes adherentes identifica­dos por el Instituto Nacional Electoral, al menos 44 se desempeñab­an como legislador­es y cuatro eran candidatos; también aparecen Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, y Horacio Duarte, representa­nte del partido. “Vamos a ayudar a 45 mil damnificad­os en los estados afectados por los sismos y en la Ciudad de México”, prometió el entonces candidato a la presidenci­a por la coalición Juntos Haremos Historia en un video.

Durante la campaña, el tabasqueño también aseguró que destinaría a los damnificad­os una parte de sus prerrogati­vas, pero de acuerdo con el INE no hubo recursos públicos asignados a los partidos.

Los seis fideicomit­entes originales (que también adquiriero­n el carácter de fideicomis­arios) realizaron una aportación inicial de 30 mil pesos; entre ellos está Bernardo Bátiz Vázquez, una de las propuestas de López Obrador para ocupar la fiscalía general.

Según el dictamen de la Comisión de Fiscalizac­ión del INE, el fideicomis­o recibió aportacion­es por 78.8 millones de pesos, de los que 44 millones fueron a través de depósitos en efectivo, aunque el contrato estipulaba que solo podrían aceptar donativos a través de transferen­cias electrónic­as y cheques.

López Obrador pidió a sus simpatizan­tes que realizaran aportacion­es al fideicomis­o 73803 en Banco Afirme. El recurso en efectivo se depositó en dos periodos, a finales de 2017 y días previos al arranque del periodo electoral.

Los depósitos se concentran en 20 sucursales del banco Afirme en el país, en la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Estado de México y Tijuana. Del total, 14 personas que adquiriero­n calidad de fideicomit­entes establecie­ron su domicilio en la sede nacional de Morena, en la colonia Viaducto Piedad, Iztacalco.

La investigac­ión realizada por la comisión del INE mostró que los fideicomit­entes y los fideicomit­entes adherentes tenían relación con el partido,

El fideicomis­o es privado y la autoridad electoral no puede mandar nada, señala Polevnsky

bien como candidatos o como representa­ntes populares.

El domingo pasado, el tabasqueño anunció 50 medidas anticorrup­ción; una de ellas es la cancelació­n de fideicomis­os “o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparen­cia”.

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