EL SECTOR AMBIENTAL “NO AGUANTA MÁS RECORTES”
El experto en áreas protegidas y bosques destaca la importancia de ver la conservación y restauración de los ecosistemas como eje del combate a la pobreza rural. Recibió el Premio al Mérito Ecológico 2018 en categoría individual
En México hay problemas de pobreza y de violencia; desempleo, crisis de ingreso en los hogares, crecimiento insuficiente en las cifras macroeconómicas, y formidables desafíos a la calidad de vida del ciudadano promedio en temas como educación y salud. Pero vale la pena la muy libre paráfrasis del primer verso de La Teogonía, de Hesíodo: en el principio, todo fue ambiental. Dicho al revés, ¿podemos insistir en que no puede haber ideas de conservación del patrimonio natural si esto no se inserta en la economía?, es decir, que esto es también un problema económico. - Es un problema económico, y social, pero hay que entender que se trata en principio de un problema ambiental. Quien señala esta fórmula concisa y contundente es el Premio al Mérito Ecológico 2018, categoría individual, recién otorgado por el gobierno de la república: el tapatío Sergio Graf Montero, un técnico y consultor ambiental con carrera en el servicio público que se alarga por más de 30 años, desde finales de los años ochenta, cuando se incorporó al proyecto Manantlán, junto con otro grupo de académicos y extensionistas ligados a la Universidad de Guadalajara. Manantlán es, desde entonces, una de las 25 reservas de la biosfera mexicanas incorporadas a la primera generación de El hombre y la biosfera, de la Unesco. El territorio de alta diversidad biológica enclavado en Jalisco y Colima, ha sido también un escenario de experimentación social y política con el eje de los recursos naturales. Allí se incubó, en los años de Graf como primer director formal del área natural protegida, el modelo de manejo de territorio a través de intermunicipalidades. La Junta Intermunicipal del Río Ayuquila es el modelo más acabado de esa idea. También ha sido campo de investigación sobre manejo ecológico de largo plazo, sobre manejo de fuego, sobre la evolución de especies tan valiosas como el jaguar y los maíces silvestres, y teatro de los ensayos más audaces de coparticipación entre habitantes y gobierno para hacer confluir los procesos de conservación con la anhelada agenda del desarrollo social, especialmente en el caso de los pueblos indígenas nahuas del parteaguas de la sierra que se asoma hacia la costa del Pacífico. La clave, dice Graf Montero a MILENIO JALISCO, es “darle valor” a los bienes naturales. Que su pérdida o deterioro le cueste al
“Si no le das valor al bosque, no podemos hablar de desarrollo rural” Se debe asegurar la conservación de este 17 por ciento del territorio nacional”
responsable: que se tase lo que significa, en el corto y el largo plazo, que un pueblo o ciudad pierda sus fuentes de agua por deforestación o contaminación, que padezca inundaciones y aludes por los malos manejos de la cuenca alta, que sus campesinos deban invertir más en “paquete tecnológico” para control de plagas y manejo de fertilidad y acidez de suelos, es decir, que no se quede en una “tragedia de los comunes” la degradación de los servicios ambientales cuando ello acarrea caos climático, enfermedades oportunistas, aumento de temperaturas, y los paliativos: más gastos en atención médica y mayor consumo de energía para lograr climas confortables en las edificaciones. “Si no le das valor al bosque, no podemos hablar de desarrollo rural. Y valor puede ser transferencia de recursos, para suplir los costos incrementales de su manejo sustentable, que tienen que ser transferidos a través de impuestos u otros instrumentos económicos que ayuden a internalizar lo que da la naturaleza a la economía, y en contraparte, los costos de afectarla desde afuera, como es la contaminación provocada por las actividades económicas”. Por eso, admite, la economía de la ciudad debe estar ligada al desarrollo en el campo. “Imagina Guadalajara sin que se piense en la cuenca del río verde, la cuenca de Calderón, la cuenca del río Zula, la cuenca del Lerma y las cuencas directas del lago de Chapala; si los ignoramos, estamos un poquito equivocados […] yo insisto en que si hay algo que en Jalisco requiera de una continuidad para consolidarse, es este esquema de fortalecer el manejo del territorio a través de la asociación de los municipios para resolver problemas regionales, colaborativos con otras regiones, para mi ese es uno de los activos heredados de esta administración que hay que consolidar y mejorar”, sostiene.
Un sector enflaquecido
El gobierno de Enrique Peña Nieto demuestra una “esquizofrenia” típica en el tema ambiental: triplica la superficie de las áreas naturales protegidas, pero reduce a la mínima expresión al personal de atención a esas reservas que guardan el patrimonio natural del país. Plantea potenciar al sector forestal, que apenas aporta 0,5 por ciento del producto interno bruto cuando este país tiene más bosques y selvas que potencias mundiales en el sector como Chile, Finlandia y Alemania, pero castiga a la Comisión Nacional Forestal con una pérdida de casi la mitad del personal de campo, y una reducción de subsidios que rebasa 60 por ciento. Lucha mediáticamente por salvar especies como la vaquita marina, el jaguar, el lobo y el oso negro, pero elimina casi completamente el subsidio a las unidades de manejo de vida silvestre (Umas). El botón de muestra: la Uma más antigua del occidente de México para rescate de jaguar, la de BHioto o Santa Cruz del Tuito, en Cabo Corrientes, ha debido cerrar por falta de apoyos. Graf Montero coincide con la idea de su maestra Julia Carabias Lillo, cofundadora de las instituciones ambientales sobre las que aún vive el país: “el sector ambiental no aguanta más recortes”. Abunda en el tema: “existen muchas posibilidades, por ejemplo, de fortalecer el esquema de desarrollo comunitario en los bosques a una escala importante, pero para eso necesitas recursos, y con 60 por ciento menos está en chino, si le recortan un poco más, desaparece. Yo creo que sí se pasaron, y aunque fueron varios años, particularmente en 2017 fue un recorte terrible; antes hubo recorte pero de la estructura, y a ese como quiera tienes que adaptarte, a nivel regional, tienes que ver cómo colaboras con otros, pero ahora ya no le puedes recortar más, ya le cortaste un chorro, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) le tienen que contratar más gente, no para las oficinas, sino para las áreas protegidas; porque el dinero que necesita la Conanp para el desarrollo lo tienen las otras dependencias, y lo que necesitas es alienar las políticas en el territorio, pero necesitas a un articulador adentro, reconocer que el director del área protegida es tu articulador de políticas públicas, agropecuarias, urbanas, forestales, de turismo, y entonces sí, dotarlo de capacidades para que pueda actuar bajo una relación colaborativa, de coordinación entre las diferentes dependencias, y bajo los objetivos del área protegida, que es mantener la biodiversidad con un esquema de desarrollo local para las poblaciones…”. Y esto “no lo puedes hacer con una sola persona, necesitas ensamblar, necesitas un equipo interdisciplinario que esté trabajando allá adentro”. Los ejidos y comunidades tienen potencial, pero “se les recortaron recursos económicos importantes, y no podemos pensar que se van a convertir en empresas si no reciben un acompañamiento técnico, además de la inversión, y que debe ser de largo plazo”. El otro elemento esencial es el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), “que incide en todo el territorio nacional, por zonas, pero que tiene un efecto relacionado con la Conanp, o sea, entre 30 y 40 por ciento de la inversión del PSA histórico ha sido a ejidos y comunidades adentro de áreas protegidas, porque en las áreas naturales protegidas están impuestas condiciones sobre el uso de sus recurso, ligado a un interés público, sobre todo en las zonas núcleo, pero también en las zonas de amortiguamiento, y el PSA era una medida de compensación que permitía organización, un proceso de colaboración, al interior de estos ejidos por parte de la dirección de la reserva”. El presupuesto de la Conafor por el PSA –lo dice quien fue coordinación de Producción y Productividad del organismo entre 2009 y 2014“presentó una disminución de 300 millones de pesos anuales, y si tomas en cuenta que en esas áreas protegidas hay 1,600 ejidos y comunidades, 95 por ciento de ellos viviendo en condiciones de marginación y pobreza, le estás quitando una fuente de ingreso fundamental, y estás generando un problema de pérdida de gobernanza y confiabilidad, de un territorio donde lo que vas a enfrentar es demanda, porque hay restricciones pero no beneficios para la gente; en ese sentido yo creo que nadie le calculó al asunto, a la mejor la Conanap tuvo menos impacto, fue 22 por ciento, pero a Conafor le tumbaron 60 por ciento, y no parece que lo hayan peleado, me parece muy raro que no haya habido una intervención en una decisión tan dramática, sin haber hecho un cálculo de lo que esperarían”. ¿Qué esperarías del nuevo gobierno? - Mi esperanza es que el nuevo gobierno identifique estos valores, que son importantes, asegurar la conservación de este 17 por ciento del territorio nacional, a través de las áreas naturales protegidas, y asegurar la conservación de la biodiversidad en general de los bosques, selvas y matorrales en todo el territorio nacional […] constituye un valor lo suficientemente alto, cuando además viven en este territorio tenemos una población en condiciones de marginación y pobreza, importante. Incluso, se le podría vender sin problema al gobierno de López Obrador como un programa de combate a la pobreza, por sus causas, ¿no crees? - Exacto, y si eso no es importante, no sé qué sea importante. La otra cosa es que trabajar en estos territorios asegura la producción de los servicios ambientales que requieren las ciudades y la economía; bajo esa premisa, que sea considerado como un valor público esencial, combatir los problemas que te generan la pérdida de capacidad de los ecosistemas, a proveer servicios ambientales para la sociedad; como es la cuestión del agua. Tenemos entonces dos vertientes que justifican más presupuesto y trabajo: asegurar la captación de agua en territorios importantes del país, y el combate a la marginación y pobreza, en esos territorios…