Comisión Interamericana retoma caso de Ayotitlán
Una larga y tortuosa historia de inaplicación del derecho en la costa de Jalisco ha llegado a la comisión
El despojo fue para la operación de negocios mineros, en particular, del consorcio minero Peña Colorada El 25 de mayo se notificó a los quejosos de la reactivación del expediente en una misiva de la CIDH El organismo de la OEA convoca al gobierno mexicano a justificar las presuntas omisiones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha retomado formalmente la denuncia interpuesta por organizaciones de derechos humanos y la comunidad nahua de Ayotitlán (caso 13,249), que denunciaron al gobierno mexicano por la desposesión de miles de hectáreas de sus tierras primordiales para la operación de negocios mineros, en particular, del consorcio minero Peña Colorada, hoy propiedad de las transnacionales ArcelorMittal, de origen indio, y Ternium, de capital ítalo-argentino, lo que incluye prácticas de corrupción, coerción y violencia contra aborígenes.
Si bien, los quejosos han acudido a la instancia interamericana desde 2006, cuando se agotaron las instancias judiciales nacionales, esta denuncia o caso permaneció sin mayor movimiento por parte del organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue hasta el pasado 25 de mayo de 2018 cuando notificó a los quejosos de la reactivación del expediente, en una misiva firmada por Mario López Garelli, autorizado por el secretario ejecutivo de la CIDH.
Esta reactivación trae consigo una actualización de la denuncia original, una petición de respuestas por parte del gobierno mexicano, y el planteamiento de que en los siguientes meses se haga un intento de conciliación en la Ciudad de México que ha sido aceptado por los afectados, informó a MILENIO JALISCO el activista Óscar González Gari, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos AC, una de las cuatro ONG denunciantes.
El luchador de derechos humanos explica que hay una larga historia detrás del expediente, porque en 2006, con la tibieza institucional del gobierno de Jalisco que presidía Francisco Ramírez Acuña, su homólogo de Colima, a través de su bancada en el Senado, promovió una reforma constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolviera la controversia constitucional 3/98, interpuesta por el anterior gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez. Como efecto, se congeló un asunto que estaba a punto de sentencia y se evitó aplicar justicia a un tema en el que están en disputa más que sentimientos regionalistas: en realidad, son los indígenas del lado jalisciense las grandes víctimas de los poderes económicos tutelados desde Colima, advierte.
“No era conducente que eso sucediera, y se violara una garantía, la no retroactividad de la ley en perjuicio de alguien; si la reforma comienza en octubre de 2005, y nuestro caso ya estaba desde 1998 en la Suprema Corte, entonces no era lógico, interpusimos un amparo, nos fuimos a la revisión, y bajo el argumento de que la constitución es política y no jurídica, no nos dieron resultados, y en noviembre de 2006 acudimos a la CIDH; acudimos cuatro organizaciones mexicanas; el gobierno contestó rápidamente en ese periodo, 2007 a 2008, diciendo que el asunto no procedía, que era extemporánea la petición, nosotros conocimos esa respuesta […] nosotros nos manifestamos y dijimos que estábamos en total desacuerdo con esa percepción del gobierno, porque no captaba la importancia de la región, de la cultura, de la reserva de la biosfera de Manantlán que también sería afectada por la minería; que el propio gobierno creó la mina como empresa paraestatal, por lo tanto tenía responsabilidad directa; se señalaron los crímenes más duros que habían ocurrido en la zona, como la matanza de Timbillos en 1920, y en 1950 la masacre de indígenas en Tenamaxtla, un poblado nahua donde estaba un gran líder indígena, Arnulfo Elías Rodríguez; ese poblado desapareció, así se ha operado por los grandes intereses mineros desde hace décadas”.
La mina empieza a operar formalmente en los años sesenta, tiempo en que se cambia el expediente de restitución de tierras de Ayotitlán a ejido, con lo que se deja a decisión del gobierno mexicano dotarle de tierras a la comunidad ancestral. La dotación de 55 mil hectáreas quedó incompleta, justamente en los terrenos donde Peña Colorada comenzó a explotar el mineral como empresa paraestatal.
Los denunciantes señalan que los despojos, el uso de la fuerza, la división comunitaria por dinero y el uso faccioso de instituciones del estado mexicano ha garantizado una amplia impunidad, con violaciones de derechos y daño ambiental, a favor de la minera, que extrae alrededor de 40 por ciento del hierro que produce el país.