Equis: Justicia para las
Mujeres propone plan que implique reinserción social y creación de empleos, pues “salen sin trabajo ni papeles y son presa del crimen”
El encarcelamiento de mujeres por delitos contra la salud, que en el fuero común aumentó 103 por ciento en dos años, debe incorporar una perspectiva de género que implique el mejoramiento de las condiciones de reclusión, la emisión de sentencias que tomen en cuenta el contexto y la reinserción social, aseguró Ana Pecova, directora de Equis: Justicia para las Mujeres, pues la mayoría de ellas no participó en hechos violentos y debe beneficiarse de una amnistía.
Según el documento Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes, elaborado por la organización feminista, en 2015 los delitos contra la salud representaron 13.5 por ciento de los ilícitos del fuero común por los que ingresaron las mujeres a prisión, prevaleciendo las modalidades de posesión simple y con fines de venta.
La tendencia en la persecución de estos delitos, añade, también tuvo un alza para ese sector, con una tasa de crecimiento de 72 por ciento en 2015 (con 940 mujeres recluidas) y un incremento de 103.3 por ciento en los dos años siguientes (con mil 617 y mil 911, respectivamente).
A escala federal, de acuerdo con el documento, los delitos contra la salud representaron 43 por ciento de los casos de ingreso de las mujeres, siendo la primera causa la posesión de drogas.
Pecova calificó de positiva la propuesta de amnistía para este tipo de reclusas, ya que, dijo, la mayoría de casi 15 mil presas por estos delitos no participó en hechos violentos.
El 10 de julio, Loretta Ortiz, coordinadora de conciliación y pacificación del próximo gobierno, dijo en entrevista con Carlos Marín, en El asalto a la razón de MILENIO Televisión, que serán merecedores de amnistía aquellos que no hayan cometido actos violentos, menores cooptados por el crimen y mujeres de los llamados “delitos por amor, como la transportación de armas y drogas”.
Pecova explicó que son razones estructurales las que llevan a las mujeres a involucrarse en los conocidos delitos de género: “Para proteger a la pareja o al hijo que están en el narco, se echan la culpa y les dan 10 años”.
En otros casos, expresó, la decisión de transportar droga obedece a que el Estado no ha dado respuesta a la pobreza y a la falta de empleo y desarrollo, mientras que “el crimen les ofrecer una opción”.
Criticó que los jueces solo se enfoquen en el delito y la penalidad que conlleva, y no consideran el contexto: “Cómo se involucró y cuál fue su papel, porque las mulas son el eslabón delictivo más bajo, mano de obra fácilmente reemplazable que, a diferencia de los capos, no coordinan grandes redes, son nadie”.
Dijo que en paralelo con la ley de amnistía se debe elaborar un plan de desarrollo que implique reinserción social, atención psicológica y creación de empleos, porque las mujeres salen sin trabajo ni papeles y son presa fácil de los criminales.
Sostuvo que más de 90 por ciento de las mujeres en prisión son madres y, la mayoría, únicas responsables de sus hijos, primodelincuentes y no participaron en hechos violentos, por lo que “no vemos la razón para que la respuesta sea la cárcel”.
Expuso que hay un grupo reducido que “por poquito sobrepasan el límite (de droga) permitido; la pregunta es si estas personas deben estar recluidas, porque las adicciones son un problema de salud más que del sistema de justicia”.
La prisión, criticó, se usa para encerrar a consumidoras que, en otras latitudes, no están sujetas a un proceso penal, sino administrativo, o son consideradas como usurarios legales en un mercado regulado.
“A veces el costo de tenerlas allí es más alto por los roles de cuidado que cumplen; su encarcelamiento tiene un efecto fuerte en sus familias”.