Municipio y estado, los responsables del abandono de viviendas EL OLOR A MUERTE EN LO COTIDIANO
se localizaron los cuerpos se sostiene de pie, rodeada de la tranquilidad de las vecinas
El olor a muerte recorre la calle Villa Lugo, del Fraccionamiento Villa Fontana Aqua, 24 horas después de concluidos los trabajos realizados por peritos de Ciencias Forenses para extraer diez cuerpos sepultados en el patio de un departamento.
Por un pequeño orificio ubicado en la puerta principal de la casa marcada con la letra “A”, se puede observar el interior de la vivienda que sirvió de fosa clandestina. El domicilio cuenta con dos recamaras pequeñas ubicadas al fondo. La del lado derecho tiene el cristal de la ventana pintado de color verde, un sillón amarillo, una pequeña mesa blanca de aglomerado y una silla roja de plástico; la otra habitación tiene tierra por todos lados tras la excavación, así como una pala y un pico de acero.
En el espacio diseñado como cocina, una estufa color perla, otra silla roja de plástico, una bicicleta y algunos platos, mientras que en el patio de servicio hay puertas de madera y otros tiliches.
Un grupo de niños que juega fútbol en la calle al ver la presencia de las cámaras de televisión arriban al domicilio donde se hallaron los cuerpos.
Los jóvenes, que no rebasan los 12 años comentaron que el departamento marcado con la letra “C”, ubicado en el mismo edificio, también era empleado por los delincuentes como guarida.
Al echar un vistazo al interior se observan dos sillones desgastados colocados en la sala, sobre ellos está un traste de plástico azul con comida y un galón de leche.
Cada habitación tiene su cama, en ambas se aprecian rastros de drogas. Un foco manchado de blanco que se presume fue empleado para fumar cristal, se acuesta sobre uno de los colchones.
En el piso hay excremento al parecer humano, un puñado de fundas para celular, bocinas para automóvil, un volante de vehículo de plástico, una maquina cortadora de metal, mientras que en closet quedó ropa de hombre.
Los vecinos aseguran no conocer a quienes cometieron los crímenes, y si los ubican, no dirán nada por temor a represalias.
El único testigo de las atrocidades que se cometieron en las fincas es un perro pitbull color café, que espera ansiosamente a que su dueño regrese, sin embargo esto no sucederá, pues fue asesinado a balazos junto con dos personas más en el departamento señalado con la letra “A”.
Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Francisco Javier Pelayo Aguilar, el abandono de viviendas –donde se han descubierto fosas clandestinas- se ha dado por la falta de seguridad y servicios públicos en fraccionamientos donde se construyeron.
Recordó que le corresponde al estado y municipio brindar esa seguridad. “Si no hay seguridad las personas prefieren moverse a ser sujetas de un delito”, destacó.
Pelayo Aguilar explicó que el proceso jurídico para recuperar esas casas habitación lo realizan las instituciones bancarias y el Infonavit al ser los dueños de esa cartera. Posteriormente, las vuelven colocar en venta.
“Las viviendas desocupadas no las podemos colocar de inmediato, están sujetas a un proceso y tienen un dueño, no podemos disponer ni podemos colocar. Eso está vinculado al proceso que sigue Infonavit y digo Infonavit, porque es la hipotecaria más importante en este tipo de crédito”, dijo.
De hecho, recordó que se realizan subastas en paquete de viviendas abandonadas para ser rehabilitadas y puedan venderse a familias que así lo demanden.
Aseguró que debe existir mayor coordinación entre estado y municipio para que exista seguridad, alumbrado público y transporte público en esos fraccionamientos, principalmente de Tlajomulco. Las casas abandonadas en el municipio sureño han sido caldo de cultivo para que grupos de la delincuencia organizada se apropien de ellas para cometer ilícitos.
Vecinos del Fraccionamiento Villa Fontana Aqua denunciaron que presuntos integrantes del crimen organizado cobran cuotas por permitir que personas vivan en ellas. Los cobros van de los 300 a los 150 pesos mensuales. El precio varía según la condición de la vivienda y el fraccionamiento donde se ubiquen. De negarse a cubrir el monto exigido, los extorsionadores desalojan con lujo de violencia a los moradores.
Muchas de las casas abandonadas son empleadas para la venta de drogas. Los delincuentes cuelgan calzado en los cables de energía eléctrica ubicados frente a los domicilios para señalar que ahí es un punto de comercialización de estupefacientes.
A principios de la administración del actual alcalde Alberto Uribe, se aplicó un programa para rescatar las fincas abandonadas.
Los vecinos intervenían los domicilios apegados al reglamento de colonos.
Las viviendas eran clausuradas con tablas para impedir que paracaidistas tomaran posesión de ellas, sin embargo, de poco sirvió, ya que nuevamente fueron invadidas.