Piden a Alfaro dar prioridad a pugna de límites con Colima
Los activistas de derechos humanos preocupados con la violencia cíclica que afecta a la sierra de Manantlán, en particular, en la zona otomínahua de Ayotitlán, le pidieron al gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que ponga sus ojos en la región del conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima con el mismo nivel de prioridad que ha definido el futuro mandatario para la zona limítrofe con Nayarit, que afecta a comuneros wixaritaris.
A través del presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí, y del coordinador ejecutivo, Alexis Mata Sánchez, le enviaron una carta el pasado 3 de mayo, cuando Alfaro Ramírez aún era candidato, pero no tuvo respuesta. El presidente insiste a través de este diario en la necesidad de que se aborde lo que recuerda es el conflicto limítrofe más antiguo del país, con más de un siglo de andanza, y en el que los crímenes contra aborígenes han estado presentes.
“Desgraciadamente, en ninguna parte de sus declaraciones a los medios se ha dado por enterado del litigio territorial más antiguo y extenso de la entidad, por el control de una superficie aproximada de 209.4 kilómetros cuadrados del territorio de Cuautitlán y la comunidad indígena de Ayotitlán, con el vecino estado de Colima, que inició en 1920 con la matanza a manos de colimenses, de siete indígenas de Telcruz y Ayotitlán, para obligarlos a retirarse a las montañas de la Sierra de Manantlán, y apropiarse de los yacimientos de Peña Colorada y Piedra Imán”, le reprochan en la misiva al entonces candidato.
Le señalan que las administraciones de Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez (2001-2013), panistas, y la priista a punto de terminar, de Aristót6eles Sandoval Díaz (2013-2018), “abandonaron” la disputa legal interpuesta por su antecesor Alberto Cárdenas Jiménez (1998) y permitieron a los poderes fácticos e institucionales de Colima, prevalecer en la zona.
“Sobreviven en esta zona, precariamente, 2,350 personas, en su mayoría indígenas, que están asentados en 14 pequeños poblados alrededor de uno de los fundos mineros más grandes del país y uno de los ríos más grandes y caudalosos del estado, el Marabasco, que sirve de límite natural” para los estados, pero Colima no lo reconoce.
“Tenemos la esperanza de que estos litigios encontrarán un lugar en su programa gubernamental para el sexenio 2018-2024”, añaden.
La red y otras organizaciones comunitarias aliadas, le ofrecen al gobernador electo que se integren en un frente común para lograr resolver el asunto y llevar justicia a los aborígenes, para lo cual incluso le propusieron una “gira de observación” por la demarcación, donde los intereses económicos más poderosos los representa el consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada, propiedad de las transnacionales ArcelorMittal, de origen indio, y Ternium, de capital ítalo-argentino. En la parte baja de la cuenca, la disputa es entre los municipios de Cihuatlán, Jalisco, y Manzanillo, Colima. En ambos casos, el peso empresarial es desmedido.
El colectivo espera respuesta de parte del próximo gobernador de Jalisco