Nuevas reglas de Comunicación Social Gubernamental
Contar con reglas claras, bajo los principios que establece la Constitución federal, en materia de Comunicación Social Gubernamental, sean campañas de comunicación o publicidad (con su toque propagandístico), a través de cualquier medio, son una necesidad imperiosa con implicaciones en el ejercicio de gobierno (comunicar es gobernar), el desarrollo libre de medios y productores de comunicación, y sobre todo, una sociedad informada.
El pasado 8 de agosto, fecha límite para que los Congresos locales armonizaran su legislación con base en la Ley General de Comunicación Social (artículo Tercero Transitorio de dicha ley: ver http://bit.ly/2HfubwW), se anunció una quinta iniciativa en materia de comunicación social y publicidad gubernamental (consultarla en http://bit.ly/2MiBdHI) y la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco dictaminó una de las cuatro iniciativas que con antelación se había presentado (ver dictamen en http://bit.ly/2Mcaxcn y ficha con las iniciativas en http://bit. ly/2w2aeWR).
Con el dictamen de la segunda iniciativa en tiempo, el tema queda en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, que deberá dictaminar el resto de las iniciativas y Jalisco contar con una ley en la materia que pueda aplicarse a partir del próximo 1 de enero de 2019; es decir, hay tiempo, aunque menos, o el Congreso local caerá en incumplimiento, como le sucedió al Congreso de la Unión.
El tema amerita un análisis y definición pública sobre lo presentado en el que participen los actores implicados, o de lo contrario, se registrarán negociaciones bajo la mesa y tener una norma que “legalice” lo que ya se hace, es decir, no cambie nada.
La clave está en los topes para el gasto general en comunicación y publicidad gubernamental (aunque hay que incluir producción de contenidos y estudios), porcentajes y criterios de distribución de “inversión” en medios y agencias (publicidad y producción), excepciones (informes e imprevistos), planeación y contenidos de información y publicidad, medios públicos (sistemas de UdeG y el Jalisciense de Radio y Televisión) y comunitarios, mecanismos de control y supervisión con participación social, así como sanciones.
El tema es más que topes y criterios de distribución sobre dineros públicos; debe, aten todo, atender y garantizar el derecho fundamental a la información. AMEDI-Jalisco, centros de formación de comunicadores profesionales, empresas y actores independientes en comunicación y producción de contenidos, tienen mucho que decir y aportar. Que diputados y diputadas escuchen y atiendan.