El Zapotillo, un proyecto que no ha sido justificado Congreso actualiza
Conclusiones de expertos asesores de la comisión legislativa con el propósito de que sea norma del trabajo legislativo
Al día de hoy, “no existen procesos adecuadamente definidos y desarrollados en ninguna de las etapas de política pública en torno al proyecto de la Presa El Zapotillo”. No lo dicen los críticos de la sociedad civil que han denunciado por años la imposición del proyecto de infraestructura, sino el Congreso de Jalisco a través de los asesores de su comisión especial del agua, que ha generado la publicación definitiva del documento elaborado en el curso de 2017, apenas hace un mes.
La intención es que ese análisis sea base para desarrollar nuevas discusiones y una legislación que lleve a la realidad la demanda más importante de la sociedad y de los ambientalistas en el país: la gestión integrada del recurso agua, y no el modelo actual, en que prevalece la oferta a través de infraestructura, que provoca graves distorsiones en el desarrollo entre las regiones y la macrocefalia urbana de Guadalajara, que ha rebasado cinco millones de habitantes.
“En primera instancia, se carece de elementos a nivel de formulación y diseño de una política pública integral y sustentable en la gestión del recurso hídrico. En segundo lugar, el problema público ambiental no está bien definido. La narrativa y los esfuerzos en definir el problema se han concentrado en la falta de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, los Altos de Jalisco y Guanajuato. Definido así el problema público, su solución pareciera ser lineal: construir un proyecto de infraestructura que dote del vital líquido a las ciudades y regiones. Por el contrario, el problema público es complejo, multidimensional y debe ponerse en el centro del problema la gestión integral del agua en la región de Los Altos y en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con todas sus relaciones multicausales y bidireccionales que se desarrollen a lo largo de las dimensiones económicas, sociales, ambientales y de gobernanza ambiental alrededor del proyecto”, señalan.
La “gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica” implica “esta visión y consideración sistémica. El proceso para definir adecuadamente el problema y por tanto la búsqueda de soluciones económicamente viables, socialmente incluyentes y ambientalmente sustentables es a través de procesos deliberativos incluyentes y con múltiples actores y facilitadores. Los esfuerzos en este ámbito han sido insuficientes y fragmentados. Consecuentemente, bajo cualquier escenario de política pública integral del agua y con la información disponible en torno a la Presa El Zapotillo, los efectos en la fase de implementación del proyecto no conducirían a un escenario de desarrollo sustentable”.
El Informe técnico sobre propuestas para la gestión integral y sustentable del agua en Jalisco en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo fue elaborado por los expertos Carla Delfina Aceves Ávila, Tomás Ávalos Sánchez, Marco Antonio Berger García, Hugo Briseño Ramírez, Sergio Humberto Graf Montero, Heliodoro Ochoa García, Carlos Armando Peralta Varela, y Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, académicos de la Universidad de Guadalajara, la Universidad
Panamericana, la Universidad Tecnológica de Jalisco y el Iteso.
Sin justificación ambiental
“Desde la perspectiva de la política y la gestión ambiental, los instrumentos y metodologías ambientales han sido insuficientes e inadecuadamente aplicados u omitidos. Un problema de origen que no se evidencia por autoridad alguna consiste en la Manifestación de Impacto Ambiental que pretende sustentar el proyecto, que es inconsistente respecto a la defensa de la construcción de la presa a 105 metros, de un acueducto y del trasvase entre cuencas. Asimismo, el instrumento que existe considera el proyecto fragmentado. Esto impide la ponderación integral de los efectos de todas las acciones y lo aprobado no permite evaluar los efectos del megaproyecto en su extensión y alcances reales”, subraya el documento, del cual posee copia MILENIO JALISCO.
Es decir, “la ponderación de las autoridades es la de un proyecto de infraestructura, no la de una intervención ambiental y social que alterará procesos ambientales, sociales, y que no considera asertivamente las consecuencias de todo lo anterior en el ciclo hidrológico aplicando el principio de gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica que señala con claridad la normativa especial aplicable. De forma similar, la información relativa a la evaluación costo-beneficio social del proyecto –incluyendo todos sus subproyectos potenciales como el trasvase, los ramales y las plantas de tratamiento- debe ser actualizada”.
Por otra parte, “la legislación vigente se refiere con claridad a que los usos del agua en las cuencas hidrológicas, incluyendo los trasvases entre cuencas, deben ser regulados por el Estado. Sin embargo, no existe una normativa ni al momento de acordarse el trasvase entre cuencas por los actores de Estado, ni tampoco en el momento actual sobre el particular, en sentido técnico respecto del balance hídrico. Tampoco se observan condiciones claras y que con transparencia justifiquen tanto la posibilidad de la cuenca donante como la necesidad de la cuenca receptora, ni las medidas de mitigación que pueda conllevar esta acción en razón de sus repercusiones, al menos ambientales”.
Más aún, “toda la información hasta ahora observada demuestra con claridad que en la cuenca pretendidamente donante no existen las condiciones de excedente hídrico en la cuenca, que permitirían pensar en un posible trasvase sin menoscabar los procesos ambientales. Desde nuestra perspectiva metodológica es difícil entender el razonamiento de las autoridades en este proyecto toda vez que no se observa con claridad la aplicación de los elementos esenciales que evidencien una gestión integrada de los recursos hídricos ya sea tanto superficiales como del subsuelo”.
No se ve interés público
A dos décadas de la gestación del proyecto “aún no es demostrable la supremacía del interés público superior o primordial. Por tanto, los desplazamientos forzados internos no se encuentran debidamente justificados. En el caso que implica el proyecto de infraestructura hidráulica de la Presa El Zapotillo, no está claramente definido ni sustentado que el Derecho Humano de acceso al agua en cantidad y calidad adecuada que se argumenta como bien público superior, se obtenga a través de la construcción de dicha infraestructura”. Consecuentemente, agrega, “mientras no esté debidamente demostrado, deliberado y socializado que el bien mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones económicas hasta ahora realizadas (así como las pendientes de realizar), la obra no es justificable desde el punto de vista social, económico o ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y erogación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto”.
La necesidad es “cortar el nudo gordiano generado por la opacidad e ineficiencia en la ejecución del proyecto”, lo que “implica la búsqueda de soluciones innovadoras. Ya muchos actores, incluyendo el gobernador del estado de Jalisco, han señalado que el problema del agua se debe abordar de una manera integral donde la eficiencia en el uso del recurso, el diseño de un nuevo arreglo institucional para su atención, el establecimiento de una nueva gobernanza para su gestión, diseño y puesta en operación de instrumentos económicos y de política pública, y la creación de mecanismos efectivos para una participación colaborativa y la responsabilidad efectiva en el tratamiento de las aguas residuales, son premisas fundamentales para lograr la sustentabilidad en el aprovechamiento del agua”.