Castigarán abusos de autoridad
El avión presidencial y la flotilla de aviones con que cuenta el gobierno federal se venderán por medio de una licitación que lanzará el próximo gobierno la primera semana de diciembre, informó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al reiterar que no se subirá bajo ninguna circunstancia a esas aeronaves.
Reiteró que tal y como lo prometió en su campaña, venderá toda la flotilla con excepción de los helicópteros que se usan para seguridad y protección civil, y aquellos que se habilitan como ambulancias para el traslado de enfermos en casos de emergencia.
Después de que el empresario Gustavo Jiménez Pons ofreció mil 900 millones de pesos por el avión presidencial, López Obrador dijo que recibió la propuesta, pero que ese no es el camino.
“Se va a vender el avión presidencial, no hay marcha atrás, no me voy a subir a ese avión ni como lo planteó Jiménez Pons de que si lo compra me lo va a prestar para cumplir compromisos de Estado, ¡no! Voy a seguir viajando en aviones de línea aunque tenga que ir a China o a cualquier país, no me voy a subir a ningún avión del gobierno”, insistió.
Detalló que César Yáñez, su actual encargado de comunicación y próximo coordinador de Política y Gobierno, enviará una petición formal al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, “aprovechando que se han portado muy bien los del actual gobierno, nos han entregado sin cortapisas todo lo que se les ha solicitado”, para que les entreguen la infor- mación completa de la situación que guarda toda la flotilla. “Teniendo información de cómo está el pago del avión presidencial, si ya se pagó todo, si se debe, cuánto es el financiamiento y cuánto es la deuda a futuro; ya teniendo esos elementos vamos a preparar la licitación para dar a conocer a quienes tengan interés de adquirir estos bienes, las bases y condiciones, y vamos a buscar no perder, se trata de que no haya afectación al erario”, refirió. Detalló que no van a descartar ninguna opción como la del arrendamiento, pero eso se definirá en la licitación, que espera sea la primera semana de diciembre “cuando ya tendremos facultades para hacerlo”.
Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en la administración de Andrés Manuel López Obrador, dijo que se abrirán procesos penales contra aquellos funcionarios que alteraron la investigación, “sembraron” pruebas y “torturaron” a presuntos responsables de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa. “No solo queremos saber qué pasó, sino deslindar las responsabilidades, quiénes cometieron estos abusos... Si alguien alteró la escena del crimen, si alguien buscó testimonios con tortura, si alguien sembró pruebas, si alguien mintió y ocultó información, deberá ser sancionado”.
Encinas propuso una comisión para indagar desapariciones forzadas desde la Fiscalía General, que permita investigar y fincar responsabilidades desde el inicio del sexenio, en principio para Ayotzinapa y después “caso por caso”, pues no solo se han encontrado fosas comunes, sino de exterminio.