Derecho a la información domesticada
El derecho a la información hunde sus raíces y espíritu en la libertad de expresión, de ahí que buscar, recibir, difundir en libertad datos, información, opiniones, conocimientos, sean las vertientes a través de las cuales se concretiza la garantía de ese derecho fundamental. Sin embargo, cuando se “domestica” (de “domus”, casa), se expone a perder su sentido y quedar sujeto a la perversión, donde las indicaciones del “amo de la casa” donde se ha “domado”, “sometido”, “amaestrado”, “entrenado”, “dominado”, resultan el pre-requisito para ejercer ese y otros derechos.
A partir de 2002, el derecho a la información en México se ha “domesticado” como “derecho de acceso a la información”, y para ello se han creado leyes y reglamentos llamados de “transparencia”, armado instituciones (INAI, ITEI, y otras en cada entidad federativa), desarrollado herramientas tecnológicas y centros de formación.
Irónicamente, mientras más se especializa el derecho a la información como derecho de acceso a la información, en particular la información pública gubernamental, ésta se complejiza haciéndola más distante de las mayorías; se complejiza, incluso, al grado de privatizarla porque para disponer de ella de manera libre, se incorporan requisitos de mediación como solicitudes formales o disposición de tecnologías de la información en medio de una sociedad con amplia brecha y analfabetismo digital.
Lo más emblemático de la “privatización” de la información pública se cierne desde una apuesta parcial de los llamados “datos abiertos” y su relación con el llamado “gobierno abierto”: poner a disposición pública bases de datos pensados para grupos de interés que en la práctica lo requieren para hacer negocios con ello a través de aplicaciones de un invocado “servicio público”.
El asunto no es que dicha información, en su condición básica (bases de datos para generar información) sea fundamental en un gobierno abierto, transparente; sino que se pervierta el fin privilegiando medios para determinados grupos, como si esto fuese el estrato o nivel superior, y no resolver el nivel que le antecede. Muestra de ello: el Sistema de Portales de Transparencia (SiPot) y los sitios de datos.gob que no guardan relación con lo transversal: políticas y sitios de transparencia.
Se trata de información pública “domesticada” desde las necesidades e intereses del “amo”, del que se la apropió privatizándola, y no del dueño originario, toda persona, que ahora para disponer y acceder de ella, requiere seguir las indicaciones del “domesticador”.