Reclaman dinero de homologación fallida
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La Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas del Estado de Jalisco (Sepaf) solicitó a los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara que regresen el dinero que se les había entregado para homologar el salario de los policías, debido a que nunca se concretó el convenio entre Estado y ayuntamientos.
“Me mandaron un mes o dos meses, que incluso los vamos a regresar, porque me están pidiendo que los regrese”, declaró el Alcalde de Juanacatlán, Refugio Velázquez Vallín, quien dijo que sólo le depositaron al Ayuntamiento alrededor de 144 mil pesos.
En entrevista con MILENIO JALISCO, el primer edil de Juanacatlán explicó que Sepaf le pidió devolver los recursos, porque nunca se firmó el convenio para apoyar a los 32 policías que tiene el municipio.
“Nosotros no podíamos llegarle a los 17 mil pesos (objetivo del proyecto); lo correcto era es que si nosotros damos ocho mil el gobierno pusiera los otros nueve mil, y ellos querían que pusiéramos casi todo”, narró Velázquez Vallin.
En el caso de Ixtlahuacán de los Membrillos nunca llegaron los recursos, reconoció por su parte el secretario general del ayuntamiento, Mauricio Leaño.
Aseguró que si bien asistieron a las reuniones que se realizaron para avanzar en la firma de un convenio, nunca se llegó a un acuerdo.
En tanto, el jefe de gabinete del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Vicente Viveros, confirmó que ya regresaron al Estado un millón 900 mil pesos que destinarían a la homologación salarial policial que no se concretó.
“Haberlos usado hubiera implicado una irregularidad, porque nunca se firmaron las reglas de operación, además de que no ajustaba”, expresó el funcionario.
Cabe recordar que a finales de enero pasado, la Sepaf entregó una primera partida a los municipios metropolitanos por 8 millones 135 mil pesos.
La bolsa prevista fue de 100 millones de pesos. El estado se comprometió a entregar a los Ayuntamientos esa cantidad para que igualaran el sueldo de sus elementos con el que perciben los uniformados de Zapopan, en ese entonces, de alrededor de 17 mil pesos. En su momento, la Sepaf explicó que los depósitos se hicieron acorde al número de policías y salarios que tenía cada corporación.
En este fallido programa de homologación salarial a los policías municipales participaban el gobierno estatal y los Ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo, mientras que Zapopan era la referencia salarial.
Sin deuda nueva
Los alcaldes de los Ayuntamientos de Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Juanacatlán aseguran que no se endeudaron durante su administración.
Mientras autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara reportan que en este trienio sólo se contrataron dos créditos a corto plazo, pero ya fueron liquidados al cien por ciento.
“No vamos a dejar ni una deuda a proveedores de nuestra administración, ni una. Vamos a dejar obras etiquetadas, ya pagadas y vamos dejar centavitos en caja. Hay dinero y bien”, dijo Refugio Velázquez, primer edil de Juanacatlán.
En tanto, el secretario general del ayuntamiento de El Salto, José Cruz Sánchez Ortega, aseguró que dejan un Ayuntamiento “sano y con recursos. No se contrató deuda, y que quede asentado, no se contrató ningún crédito”.
Sin embargo, la administración pasada que encabezó Joel Díaz González, les dejó una deuda “muy cuantiosa y que se ha ido solventado. Estamos hablando de más de 300 millones de pesos”, recordó. Aunque al equipo de transición del gobierno entrante sólo le han reportado hasta el momento 143 millones de pesos.
“Para empezar podríamos hablar de un tema más concreto ya teniendo las riendas del municipio y que el presidente instruya al que de vaya a ocupar la hacienda municipal a que pueda hacer un análisis de las finanzas del municipio”, apuntó Adrián Venegas, coordinador del equipo de transición del gobierno entrante en ese municipio.
Mientras Eduardo Cervantes Aguilar, Alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, aseguró que no tuvo necesidad de adquirir deuda por los ajustes que realizó al gasto corriente.
“Dejamos de pagar ecos, biometrías, papanicolaos, cirugías de vesícula”, señaló al precisar que también redujo sueldos, vales de gasolina y eliminó bonos de productividad.
Lo que se hizo, fue modernizar el área catastral donde según dice, metió en cinturas a los dueños de inmuebles y de ahí “salieron los recursos” para hacer obra pública.