Facturas chuecas
En días pasados la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) presentó a los diputados una propuesta para evitar, la ilegal venta de comprobantes fiscales que según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ascienden a más de 2.04 billones de pesos facturadas por empresas que se presume son emisoras de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas (EFOS), las cuales son “compradas” por empresas que los utilizan para simular operaciones y gastos inexistentes y así evitar o disminuir el pago tanto del Impuesto sobre la Renta ISR como el Impuesto al Valor Agregado (IVA). A estas Empresas que Deducen Operaciones Simuladas se les denomina “EDOS”.
Dicha conducta, la cual es, de acuerdo a nuestra legislación un delito fiscal, generalmente está soportada legalmente, al menos en apariencia para que a la autoridad le cueste un poco de trabajo detectarlas, ya que por un lado el comprobante fiscal es emitido por medios electrónicos por empresas legalmente constituidas, que aparentan ser verdaderas, aunque la gran mayoría solo son empresas fachada, estos comprobantes fiscales digitales se emiten, e insisto son validadas por el propio SAT desde su plataforma, y siempre es acompañado del correspondiente flujo de dinero desde la empresa que adquiere el comprobante EDOS hacia la vendedora EFOS, pagando el monto amparado por la factura más el IVA y en cumplimiento a las disposiciones fiscales, ese flujo de dinero está amparado por un cheque no negociable para abono en cuenta del beneficiario o por una transferencia de banca electrónica. Una vez que se realiza la operación simulada el vendedor le regresa al administrador o dueño del negocio el reintegro de su dinero, descontada por supuesto la comisión que cobra el vendedor (que generalmente oscila del 4% al 6%), generalmente en efectivo, y cuando son operaciones millonarias, depositadas en cuentas aperturadas en paraísos fiscales y recientemente en cripto monedas tales como el Bitcoin o similares, siendo casi, imposible rastear en ese momento, ese flujo de efectivo de retorno al comprador EDOS.
Aunque nadie lo señale, en un secreto a voces que muchas de estas empresas o tienen, o al menos lo presumen, contactos de alto nivel dentro del SAT y aunque este órgano ha pretendido combatir esta mecánica cada vez más recurrente, cada día surgen más y más vendedores de facturas, por cierto con operaciones cada vez más sofisticadas para tratar de no ser sorprendidos por la autoridades fiscal, ya que la gran mayoría de estas amparan la prestación de algun tipo de servicios, lo cual dificultaba más la presunción de inexistencia de las operaciones al SAT, sin embargo, ahora la legislación se invirtió y sólo basta que el SAT presuma que una operación es inexistente para que el contribuyente adquiera la carga de la prueba en el sentido de acreditar que de verdad recibio el o los servicios o bienes que amparan los comprobantes fiscales digitales.
El presidente electo había anunciado que esta conducta sería considerada como delito grave, pero ahora la procuradora Diana Bernal y su equipo de trabajo han diseñado una reforma de ley tendiente a disminuir esta ilegal práctica, pero más tardó ese órgano de apoyo al contribuyente en presentarla ante los diputados, cuando el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, la copió, ya que sin reconocer la autoría de la Prodecon, la presentó como propia en un proyecto de decreto. La idea de la procuradora Diana, gira en el sentido de que las personas morales queden obligadas a retener las dos terceras partes del Impuesto al Valor Agregado, que se cause cuando paguen servicios independientes prestados por personas morales, ya en personas fisicas existe retención, y en el caso del Impuesto Sobre la Renta los contribuyentes estarán obligados a retener y enterar, como pago provisional a cuenta del ISR de los prestadores de servicios, el 10% de la contraprestación que se les pague, ya sean personas físicas o morales, incrementando además la penalidad del delito fiscal incorporarndolo al catálogo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que se considere grave.
No dudo que esta propuesta pase, pero la misma será la muerte para algunos sectores de la economía que viven de la devolución del IVA y sí ahora, además se los van a retener, se descapitalizaran irremediablemente, ya que es casi imposible que el SAT devuelva el IVA a pesar de corresponder esto.
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