Milenio Jalisco

La hora de Olga Sánchez Cordero

SiAMLOacud­ealúltimoi­nformedelp­residented­elaCorte,se puede atenuar el pleito.

- CARLOS MARÍN cmarin@milenio.com

La embestida contra los servidores públicos de todo tipo de institucio­nes (incluido el Poli, y se sumarán las universida­des autónomas) que ganan más de 108 mil pesos al mes arrecia peligrosam­ente. De tal magnitud es la confrontac­ión que el senador por Morena Félix Salgado Macedonio lanzó la estulta amenaza de impulsar la disolución de la Suprema Corte de Justicia.

“Si los ministros no aceptan ajustarse a la austeridad y quieren seguir viviendo como virreyes, habré de plantearle al presidente Andrés Manuel López Obrador que los liquide y envíe al Senado las ternas de los nuevos ministros. Ernesto Zedillo lo hizo. AMLO también puede hacerlo…”, advirtió.

Como este protogolpi­sta (patinó hace pocos días con que el Senado podría decretar la desaparici­ón de poderes donde los gobernador­es no se sometieran a los llamados superdeleg­ados), en las bancadas lopezobrad­oristas del Congreso abundan los dispuestos a dinamitar la vida institucio­nal de México.

Por suerte y hasta donde va la mayor crisis constituci­onal de la historia, la idea de disolver la Corte no está en los planes de Andrés Manuel López Obrador, por mucho que sea él quien más ha prodigado descalific­aciones a jueces, magistrado­s y ministros.

Esta semana, el acto en que el ministro presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar, presentará su último informe de trabajo, será el mejor escenario para conocer el tamaño real del conflicto, ya que es impensable que no acuda el Presidente de la República.

Una mujer en el primer círculo de AMLO, sin embargo, ha de estar jugando un papel medular para que se no se llegue a una irreparabl­e colisión: Olga Sánchez Cordero.

Como se lo recordó su predecesor en la Secretaría de Gobernació­n, Alfonso Navarrete Prida, la ex ministra reúne (como Benito Juárez) los atributos de haber servido en los tres poderes, y es de suponer que está mediando entre sus ex compañeros del Judicial y su jefe.

Entre las conclusion­es del ensayo del ministro en retiro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, citado ayer aquí, resalta ésta: “Si la Cámara de Diputados permite que sea el Presidente de la República el que fije su remuneraci­ón y, por extensión, la de todos los demás servidores públicos, no solo abdicará de su potestad sino que además violará flagrantem­ente la Constituci­ón, ya que se reunirán dos poderes en una sola persona”.

Esa persona es López Obrador, quien se fijó la paga de 108 mil pesos pero a la que deben añadirse prestacion­es tales como pasajes, casa, luz, comida, gasolina, etcétera, que por modestas que las requiera, corren el riesgo de perder decenas de miles de servidores públicos.

Los trabajador­es (sindicaliz­ados y no) suelen gozar de compensaci­ones en especie.

Qué alivio para muchos de los afectados por la nueva ley que el Presidente no se asignara un salario de 5, 10 o 15 mil pesos mensuales…

La ex ministra reúne (como Benito Juárez) los atributos de haber servido en los tres poderes

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