En busca de la paz social

Descontando el argumento de que se trata de una administración que todavía está en sus inicios propiamente dichos, no se dudará de que difícilmente se trata de un arranque que, al menos en materia de seguridad, casi no podría ser peor. De todo ha pasado y el mes en curso queda como un signo siniestro de toda clase de crímenes que ya van más allá de la estadística para convertirse en la clara superioridad del hampa ante las estructuras de seguridad que ya no cuentan con garantías ni para protegerse a sí mismas. El desafío de los criminales rebasa a las corporaciones al grado que ha habido que lamentar la pérdida de vidas humanas también entre los elementos policiacos. Baste con señalar lo sucedido hace unos días cuando, en zona tonalteca, fueron acribillados -se encontraron cien casquillos de armas cortas, largas y de asalto a lo largo de una cuadra-, el comandante tapatío Sergio Rivas Mejía y su escolta. Lo más grave es que no son sólo estos dos los guardianes que han entregado su vida ya que otros más han sido atacados con brutalidad como el reciente caso en el área de Loma Bonita Ejidal.

La veintena de víctimas encontradas en Ixtlahuacán -por cierto una noticia manejada ampliamente en medios nacionales e internacionales-, seis muertos a tiros en un bar de Tlajomulco, los cuerpos hallados en San Diego de Alejandría, las balaceras en transitadas calles y a plena luz

del día y muchos hechos cuya cotidianeidad nos hacen parecer ya incluso un tanto indiferentes ante una situación que se está convirtiendo en trágica y que, aunque reconocida como tal por las mismas autoridades, nos hace reflexionar sobre lo poco que estamos haciendo todos para frenar la ola delincuencial que a grandes pasos se apodera de nuestra metrópoli y de nuestro estado. Decir que impera la “ley de la selva” puede resultar exagerado, pero ya no hay sitio, colonia o espacio seguro en el que no se corra el riesgo de ser asaltado a mano armada o de resultar, aunque sea al simple paso, afectado por el fuego cruzado que ha llegado a las calles.

El gobernador Enrique Alfaro no intenta desconocer la realidad. Sus señalamientos anteriores de que las cifras de delincuencia en el anterior sexenio habían sido “maquilladas”, para no compararlas inequitativamente con las presentes, lo que no es de dudar, han cambiado a una política de realidades. A los alcaldes, en general, no les ha quedado otra que advertir la incapacidad manifiesta para enfrentar a la delincuencia, misma que no parece inhibirse ni siquiera con los uniformados. Ya a nadie le queda duda de que estamos viviendo una etapa que bien podría compararse con los tiempos aciagos de los macrosecuestros, el pistolerismo desatado y hasta la existencia de grupos terroristas en la Guadalajara de los setentas y de los ochentas. Además, naturalmente no hay que olvidar que la entidad sufre muchas de las consecuencias de los enfrentamientos entre narcotraficantes y de servir de sede de poder a la organización criminal de mayor impacto actual en el país.

¿Qué hemos dejado de hacer o en qué hemos fallado para merecer tanto infortunio? Nada mejor sería que partir de bases reales si es que verdaderamente pretendemos encontrar las mejores soluciones para la seguridad y cualquier otro problema que como metrópoli hoy sufrimos.

Una de ellas es que no busquemos dichas soluciones solamente con la vista chata de lo que sucede actualmente. Se trata de buscar acciones que trasciendan, que contemplen el hoy y el futuro ya que de nada nos servirían los remedios

ocasionales si no tratamos de resolver a fondo el problema. Y es aquí donde juega un papel de suma importancia el propio ciudadano. ¿Qué hacemos cada uno para contribuir en este caso a una auténtica seguridad pública? Naturalmente que la responsabilidad fundamental radica en las autoridades competentes, pero de ahí a mantenernos al margen, a la expectativa, sin tomar nuestras propias precauciones como residentes, colonos, profesionistas, obreros, empresarios, académicos, estudiantes, simples ciudadanos, hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que necesitamos? Coordinar esfuerzos de miles de tapatíos para forjar verdaderos líderes que construyan redes de colaboración comunitaria y gobierno. Generar una nueva forma de administrar el municipio donde se involucre a partir del diagnóstico hasta la solución en cualquier ámbito y de cualquier problema a la comunidad. Donde cualquier acción que desde el gobierno se empiece tenga el carácter pedagógico que se establezca nuevas relaciones entre el espacio físico construido y los ciudadanos por medio de estrategias lúdicas.

Y no lo estamos haciendo, dejamos pasar todas las oportunidades. Hoy por ejemplo, a la fecha se trabaja en la formulación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) en Guadalajara que contempla numerosos aspectos y en los que la participación ciudadana debería ser primordial, aunque, hay que decirlo, las consultas a la sociedad no siempre resultan efectivas, sobre todo cuando la autoridad sigue repitiendo las mismas fórmulas del pasado, donde sólo busca un manipulado respaldo de opinión a decisiones ya tomadas, al amparo de una consulta en la que no se empodera al ciudadano como verdadero partícipe de la gobernanza. Hoy nos toca salir, ir en busca de ellas y ellos, informarles y sembrar la semilla de participar, la necesidad por su conveniencia de involucrarse. Ojalá y en el caso del PMD ahora esto sea diferente.

Por último, hay que atender a la real coordinación entre niveles de gobierno, que no da visos de haberse logrado, y que, finalmente, autoridades y ciudadanos alcancemos la paz social que todos anhelamos.

¿Qué hacemos cada uno para contribuir a una auténtica seguridad pública?