Veracruz: gobernador tunde a fiscal en medio de la tragedia
Los sicarios obligaron a sobrevivientes a mirar la matanza; la SSP estatal identifica a algunos agresores e investiga si el origen del ataque es el cobro de piso al bar del transexual asesinado
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, criticó la inacción del fiscal Jorge Winckler ante la ola de violencia que afecta al estado, cuyo reciente capítulo es la matanza de 13 personas en Minatitlán, incluido un niño.
“Vamos a dar con los responsables a pesar de la política de indolencia y brazos caídos de la Fiscalía General del Estado”, señaló.
Según testimonios de sobrevivientes, los sicarios que perpetraron la matanza el viernes obligaron a las víctimas a observar cómo remataban a otras personas.
Autoridades locales revelaron que el comando iba por Julio César González Reyna, transexual y dueño de un bar de la localidad. Empresarios de Minatitlán convocaron a una marcha contra la inseguridad para el martes.
El multihomicidio ocurrido en Minatitlán recrudeció las diferencias entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el fiscal general del estado, Jorge Winckler.
Mientras bajo un fuerte operativo de seguridad eran veladas las 13 víctimas del ataque armado a una fiesta de cumpleaños en la colonia Obrera de Minatitlán, en las reuniones de seguridad para la evaluación del caso no se incluyó al fiscal Winckler, cuando el gobernador ha expresado sospechas por la liberación de los presuntos delincuentes detenidos por la policía estatal.
Entre las indagatorias del multihomicidio está el presunto cobro de piso al dueño del negocio ubicado en el centro de la ciudad petrolera de Minatitlán, al sur de Veracruz. Aún permanecen cinco personas hospitalizadas.
Uno de los dos tuits emitidos por el gobernador con motivo de lo sucedido en Minatitlán, sirvió para advertir que “no habrá impunidad, a pesar de las eternas investigaciones de la FGE”, mientras que en otro aseguró que “Vamos a dar con los responsables a pesar de la política de indolencia y brazos caídos de la Fiscalía General del estado”.
Winckler no hizo referencia a la alusión, pero re produjo un mensaje del secretario de Seguridad Pública, Al fon soDur azo, quien llamó a “trascender diferencias democráticas legítimas” y señaló que, tras la violencia, está la ruptura del tejido social con inercias acumuladas por décadas.
Durazo a su vez respondió a un tuit de la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, a quien le dijo que la estrategia del gobierno es avanzar a la regeneración del
tejido social “y cancelar la corrupción que, desde el poder, ha amparado a los grupos criminales y permitido su impunidad”.
La fiscalía, encabezada por Winckler, informó que se realizaron los peritajes, se aseguró el inmueble y decretaron medidas de protección, además de recabar 18 entrevistas a testigos y realizar los dictámenes de balística para determinar el tipo de armamento utilizado.
En entrevista, el secretario de Seguridad Pública estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, aseguró que ya tienen identificados a algunos de los seis agresores.
Ayer la mayoría de las víctimas fue sepultada en el cementerio municipal. El temor de los amigos y familiares de las víctimas es evidente. Recuerdan que los criminales “seis o siete” no se conformaron con balear a 18 personas, cinco de ellas graves, sino que las remataron, incluido al bebé de solo un año de nombre Santiago, cuyo padre, César Hernández, también murió y su madre, Nancy, recibió cinco balazos, por lo que está grave.
Policías municipales y estatales resguardan el lugar ubicado en el callejón Primero de Mayo, lugar que no tiene salida, donde las rejas fueron selladas por la fiscalía regional.
Para el próximo martes empresarios y dirigentes de organizaciones sindicales de Minatitlán anunciaron la realización de una marcha por La Paz y exigieron alas autoridadesresolver el multihomici dio.
Las diferencias
Jorge Winckler, designado fiscal durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, convoca cada semana a conferencia de prensa para dar a conocer todos los hechos delictivos que ocurren en Veracruz. A finales de 2018 y principios de 2019 fue denunciado ante el Congreso