Miguel Zárate
Han puesto en evidencia el desatino presidencial
Como verdaderos equilibristas dejaron a los líderes morenistas en las cámaras de diputados y de senadores con el tema del “memorándum” presidencial que pretende, así, llanamente, “dejar sin efecto” la reforma educativa de 2013 que, mal llamada o bien llamada, buena, mala, imperfecta o lo que se quiera, está fincada en la Constitución y es, por tanto, una ley vigente. El memo ha sido ampliamente criticado pero, lejos de lo que supone el presidente Andrés Manuel López Obrador -quien dejó el clavo ardiente y se fue a descansar a su rancho tranquilamente-, no es algo menor, ni meramente “político” sino enteramente jurídico y que, lo peor de todo, entraña la arrogancia de un gobernante que se siente capaz y suficiente para dictar normas a sus propios funcionarios para que acaten instrucciones y transgredan los ordenamientos legales establecidos.
¿Pues no que nadie iba a estar por encima de la ley? Por mucha razón -aunque no la tiene-, que pudiera el presidente argumentar en cuanto a la necesidad de derogar una legislación constitucional, no existen bases para incumplirla mientras no se siga el debido proceso de abrogarla o modificarla. Sabemos perfectamente que esta es una facultad exclusiva del Legislativo y que, gracias a una reforma aplicada a iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas -tan admirado por AMLO, según dice-, el artículo
49 constitucional prohíbe al titular del Ejecutivo desconocer o alterar por simple decreto esta o cualquier ley. Y esto se reitera en el artículo 89, que definitivamente señala que el presidente no cuenta con facultad alguna para ello. Así de sencillo.
Sin embargo, antes de partir a su merecido descanso, López Obrador expuso a manera de tesis que “entre justicia y ley, opto por la justicia”. Esto parece oírse bien, pero implica una visión casi exclusiva de los regímenes fascistoides y totalitarios, donde es posible dar a los gobernantes el sentido de la justicia a lo que les viene en gana. La justicia, en efecto, no es tal sin el fundamento de una ley. Es grave, muy grave que un presidente se exponga de esta manera a ver cuestionadas su actitud y postura. Tiene todo el derecho de presentar las iniciativas correspondientes y esperar que los cambios que pretende se traduzcan en leyes. Mientras, no le queda de otra más que acatar las vigentes. Suspender una reforma constitucional “mientras llegamos a un acuerdo con los maestros”, es sencillamente una aberración y un desacato injustificable.
Desde luego que a los “coordinadores” morenistas en el Congreso de la Unión, Mario Delgado y Martí Batres, los tienen colgados de la brocha y debieron sacarse de la manga verdaderas joyas del repertorio de los disparates. Para el senador Batres, “nada es inconstitucional a priori” y que esto no puede ser juzgado por “dirigentes políticos o comentaristas”. O sea que la Constitución es para él objeto de interpretaciones al gusto. Y que tal lo señalado por el diputado Delgado en cuanto a que el dichoso memo es “absolutamente interno, al interior del gobierno y totalmente administrativo”, por lo que, dice, “se ha exagerado”.
¿Qué pensará de todo esto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, quien fue una férrea defensora de los principios constitucionales en su reconocida trayectoria en la Suprema Corte? ¿Coincidirá con su también colega ministro retirado José Ramón Cosió en cuanto a que el memo presidencial carece de fundamentación, motivación y no se finca en una sola norma jurídica? Pero, sobre todo, ¿qué hará la secretaria Sánchez Cordero ante la instrucción girada por el presidente que implica, necesariamente, desobedecer una norma constitucional? ¿la ejecutará a sabiendas que representa no solamente un desacato a la ley sino incluso un delito calificado? Para ella la orden lleva a la “liberación” de los considerados “presos políticos”, si bien no queda nada claro si los detenidos realmente lo están por cuestión de sus ideas o activismo “pacífico” o por verdaderos y flagrantes delitos, a los que, por si fuera poco, se ordena “indemnizar” a ellos o a familiares de los “caídos” en las “justas protestas”. Entonces, ¿dónde queda el papel de la judicatura a la que sirvió durante tanto tiempo y de la que todavía vive con su abultada pensión?
Las responsabilidades penales a las que está exponiendo el presidente llegan también cerca al titular de Educación, Esteban Moctezuma, puesto que “dejar sin efecto” la reforma es como declararla inexistente. Y todo ello basado en un “diálogo” con una parte del magisterio disidente cuyas características de asalto a toda norma vigente es más que manifiesta: la CNTE. Y el colmo es que la misma organización que por sabido se da busca más prebendas para sus líderes que derechos para los maestros, aún se sienta insatisfecha con el memo de López Obrador. Y, claro, Elba Esther Gordillo, en cambio, se siente feliz; o sea ya se observa más hacia dónde y que persigue la maestra: seguir alineada con el gobernante en turno, su más probada fórmula de obtener provecho.
Abogados y juristas del país, derechos humanos, etcétera, más que políticos, han puesto en evidencia esta vez el desatino presidencial y, lo relevante, lo que queda de experiencia para el gobierno central y para los demás niveles de gobierno es esto: “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan” no es una frase protocolaria, es un juramento de lo que el ahora incumplido presidente tanto argumenta, “nadie por encima de la ley”. Habrá que recordar esto todos los años que le quedan.
Parece oírse bien, pero implica una visión casi exclusiva de los regímenes fascistoides