Comunicación social bajo reglas
La comunicación social gubernamental es más que dinero. Es un ejercicio y obligación de gobierno que tiene sus raíces en el derecho a la información, se guía bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y tiene como fines (contenido) carácter institucional e informativos, educativos o de orientación social (Artículos 6° y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
El pasado 17 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Política
de Comunicación Social del Gobierno Federal (ver: http://bit.ly/2ZpSrq9), con la que se fijan topes de gastos y criterios de distribución de recursos, así como obligaciones y prohibiciones expresas. Esta política hay que verla a la par de los Lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019, publicados el 29 de enero de 2019, por la Secretaría de Gobernación (ver: http://bit. ly/2UNb5K4).
Lo anterior obedece a que el pasado 1 de enero entró en vigor la Ley General de Comunicación Social (ver: http://bit.ly/2HfubwW), y que es aplicable en el ámbito federal y las entidades federativas que aún no hayan armonizado sus marcos jurídicos en esa materia. Por cierto, Jalisco se quedó a medias y en la congeladora está un dictamen para la Ley de Comunicación Social y una iniciativa no dictaminada (ver dictamen e iniciativa en: http://bit. ly/2KVXF4s y http://bit.ly/2PeehrB). Urge retomar el tema en Jalisco.
Con lineamientos y políticas de comunicación social se subsana en parte la deficiencia de la Ley General; ahora habrá que observar con detalle cómo se concretiza y con qué se transparenta. Clave para ello será el Padrón Nacional de Medios de Comunicación (hasta ahora sólo existe el Padrón de Medios Impresos (ver: http://bit. ly/2ZmUxXT), el Sistemas de Información de Normatividad de Comunicación (para ello se tienen que armonizar las leyes locales) y que incluye el Programa Anual y Estrategia de Comunicación, así como el Sistema Público de Vigilancia y Control de Contratación de Comunicación Social. Jalisco, por cierto, deberá contar con sistemas similares alienados al nacional.
Si en el orden federal actores claves son la Secretaría de Gobernación, la Coordinador General de Comunicación Social y la Secretaría de la Función Pública, en Jalisco, con el dictamen e iniciativa de Jalisco quedó chato en ello: las instancias pares o similares en el Estado y Municipios brillan por su ausencia.
¿Cuándo lo veremos?
Con lineamientos y políticas se subsana la deficiencia de la Ley General