Presentarán a la ONU pruebas de la reiterada tortura sexual en México
Informe alternativo. Grupos civiles documentan que la práctica se usa para fabricar declaraciones
Organizaciones de la sociedad civil exhibirán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pruebas documentales que evidencian que en México la tortura y los malos tratos se usan reiteradamente para fabricar declaraciones en procesos penales.
Según el “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Tortura de la ONU 2012-2019”, esas declaraciones obtenidas mediante esas prácticas son presentadas y aceptadas como pruebas en las investigaciones contra los detenidos.
Entre los datos que aportan los autores de este informe está lo que reveló la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol 2016), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que se evidencia un patrón para generar pruebas ilícitas empezando por la detención arbitraria, ejerciendo violencia física, psicológica y sexual desde el arresto y en instalaciones fiscales, e impidiéndoles el acceso a abogados, familia o revisiones médicas que certifiquen sus lesiones.
Según la Enpol 2016, más de 40 por ciento de personas reclusas encuestadas se declaró culpable porque recibió agresiones físicas, amenazas u otras presiones. En el caso de las mujeres la tortura es generalizada: ocho de cada 10 detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas ante un juez; siete de cada 10 dijo que los hechos ocurrieron durante el arresto, y seis de cada 10 durante la custodia ministerial.
De acuerdo con los autores del informe, esta práctica afecta no solo a las personas imputadas o sentenciadas, sino también a las víctimas de los delitos que se investigan, porque se les niega su derecho a conocer la verdad y de acceder a la justicia.
Este miércoles comienza la edición 66 del periodo de sesiones del Comité Contra la Tortura de la ONU y ahí se presentará este informe que, entre otras cosas, evidencia que el nuevo gobierno federal impulsa leyes contrarias a las recomendaciones para evitar violaciones a derechos humanos y tortura al momento de realizar detenciones.
“Desafortunadamente, en meses recientes, el gobierno federal y el Congreso de la Unión han avanzado dos propuestas que puede elevar el riesgo de ser víctima de tortura y otras violaciones a derechos humanos: la creación de una Guardia Nacional militarizada y el aumento de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.
El informe recomienda que en la legislación secundaria para la Guardia Nacional se incorporen “los estándares internacionales relevantes y la creación de mecanismos de supervisión, transparencia y control que tomen en cuenta el elevado riesgo para los derechos humanos que implica la militarización”.
Además se sugiere “eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa de la Constitución y de cualquier otra ley, pues tal figura es violatoria del debido proceso, socava el diseño del nuevo sistema penal acusatorio y genera mayor riesgo de tortura”.
Las pruebas documentales que se presentarán en la ONU incluyen los 72 casos de abuso sexual contra mujeres al momento de su detención o en las horas siguientes, que fue publicado en 2016 por Amnistía Internacional, y los del informe “Mujeres con la frente en alto...”, publicado en 2018 por el Centro Prodh, en el que documentó 29 casos de denunciantes, recluidas y acusadas con base en pruebas ilícitas obtenidas durante sus detenciones entre 2012 y 2015.