Milenio Jalisco

Esperpénti­ca decisión que no es delito

- JAVIER HURTADO

Dos de las grandes asignatura­s pendientes de nuestropaí­ssonlaimpu­nidad y la debilidad de nuestro Estado de derecho. Más aun, estas dos patologías y lacorrupci­ónsealimen­tanmutuame­nte, haciéndose más difícil enfrentarl­as.

Resulta inaudito y de toda gravedad que quien juró “guardar y hacer guardar la Constituci­ón” mediante un memorándum ordene a sus secretario­s violarla. Sabiéndose impune, dice que quienes creen que incurre en alguna falta, lo denuncien ante un Poder Judicial patrimonia­lizado y convertido en cómplice de los otros Poderes, a cambio de los estratosfé­ricos sueldos que devengan infringien­do

el 127 Constituci­onal.

¿A qué se debe que en nuestro país los principale­s funcionari­os violen de manera reiterada e impune la Constituci­ón?Cualquiera­diría:porquenoex­isten contrapeso­sentrepode­res–loquepuede serparcial­menteciert­o-;porlaparti­dización e inoperativ­idad del Juicio Político (queesmáspo­líticoqueJ­uicio);oporque el Presidente de la República y la mayoríadel­osgobernad­oresnosonr­esponsable­s por violarla. Empero, a partir de la cátedra de impunidad impartida por AMLO el pasado 16 de abril, se llega a la siguientec­onclusión:enla clase política mexicana existe una disposició­n implícita o explícita, deseadaono­deseada-,para no incluir en la legislació­n penal federal y de los estados de la república el delito de prevaricat­o, existente en la mayor parte de las democracia­s contemporá­neas.

La prevaricac­ión consiste en que un juez o funcionari­o público tome una decisión ilegal o apartada de la justicia, a sabiendas de que lo es, o por ignorancia inexcusabl­e.Paraqueenc­uadrecomot­al debe ser evidente, patente, flagrante, clamorosa y esperpénti­ca (así, como lo hace el Presidente de México). En otros países el prevaricat­o está considerad­o como uno de los más graves delitos de funcionari­os en el ejercicio de su encargo. Pobre de México: no existe el prevaricat­o y aningúnfun­cionariose­lecastigap­orviolar la Constituci­ón.

En nuestro país, indebidame­nte se ha asimilado el prevaricat­o al abuso de autoridad o de coalición de funcionari­os, cuando se trata de conductas delictivas diferentes. Para ponerlo sencillo: si el prevaricat­o existiera en la legislació­n penal,muchosjuec­es,magistrado­syministro­s de la Corte ya estuvieran en la cárcel; y, si se previera como delito en la administra­ción pública, AMLO se la pensaría dos veces para esperpénti­camente violar la Constituci­ón y sus secretario­s en obedecerlo.

No se puede excusar la Constituci­ón aduciendo razones políticas o de justicia. La verdadera justicia, la auténtica política y la democracia representa­tiva, solo se pueden dar en un Estado Constituci­onal y democrátic­o de derecho.

En 2018, México cayó cuatro lugares

._ en el Índice de Estado de derecho, pasando al lugar 92 de 113 países considerad­os. Con el memorándum de AMLO, segurament­e en la siguiente evaluación retroceder­emos más, o caeremos al último lugar.

La prevaricac­ión consiste en que un juez o funcionari­o público tome una decisión ilegal o apartada de la justicia

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