Urge justicia y reivindicación por 22 de abril
Desde hace años se sabe que algunos empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), fueron los culpables de las explosiones registradas en el Sector Reforma en Guadalajara el 22 de abril de 1992, y se habla así en abstracto porque aún está pendiente revisar las responsabilidades de los funcionarios y trabajadores de esa empresa que tuvieron incidencia con el tema, pero en sí, Pemex, es culpable de la tragedia ocurrida esa mañana en el centro de Guadalajara y por ello debe hacérsele responsable y obligarla a resarcir el daño como se ha venido exigiendo por mucho tiempo; debe aceptar la culpabilidad y generar las acciones consecuentes para cubrir el deterioro ocasionado a las familias de las víctimas y a todos aquellos que resultaron afectados en su integridad física y moral así como en sus patrimonios.
A 27 años de distancia ha quedado constatado por diferentes medios cuáles fueron las causas de la tragedia y se sabe que eran millones de litros de gasolina que había en el drenaje e impregnando el subsuelo lo que provocó las trágicas explosiones. Es de recordar cómo se comprobó
que previo a la tragedia, a las 3 de la mañana de acuerdo a las bitácoras, los explosímetros tanto de técnicos de Pemex como de Protección Civil y Bomberos así como del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) marcaban cero en el nivel de explosividad, siendo que por la mañana tronó con las consecuencias conocidas.
Ya se ha hablado mucho al respecto y existe una hipótesis nada descabellada, en el sentido que fue un tema de severa corrupción al seno de la ex paraestatal, en que los empleados y funcionarios corruptos advirtieron el inminente riesgo de verse descubiertos como ladrones de combustible por una auditoría sorpresa, al destacarse la existencia de combustible almacenado cuando lo habían reportado como pérdida y optaron por derramarlo al drenaje, es decir, ellos lo reportaban robado y lo vendían ilegalmente a trasmano, de ahí que se piense que decidieron deshacerse de él provocando la gran tragedia.
Por ello es que tras varios meses de estar bajo proceso y recluidos, los funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara, del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco -tanto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, como del SIAPA- fueron declarados sin responsabilidad por la determinación de la entonces Procuraduría General de la República, al considerar que no había elementos; y no fue por asunto de una amnistía o alguna actitud benévola y sin fundamento, sino que realmente no los había.
En una posterior visita a Guadalajara, el ex titular de la Procuraduría General de la República, Ignacio Morales Lechuga, volvió a declarar la responsabilidad de Pemex, así como la inocencia de funcionarios públicos como Aristeo Mejía Duran quien se encontraba al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, y Enrique Dau Flores que fue fugaz Alcalde tapatío, incluida la ausencia de cualquier responsabilidad de algún tipo a cargo del Gobernador del Estado, Don Guillermo Cosío Vidaurri, quien fue severamente sometido a intenso ataque desde las más altas esferas del poder federal provocando se ausentara de la gubernatura para que en libertad se llevaran a cabo las investigaciones; linchamiento político en contra del Mandatario que dio como resultado un inconmensurable daño al desarrollo de Jalisco, y que al dejar el encargo el Gobernador por la insana presión presidencial, quedaron truncos los grandes proyectos de movilidad, abastecimiento hidráulico y desarrollo regional que bajo su administración estaban en pleno apogeo, siendo que desde 1992 la entidad perdió el paso en los programas de desarrollo, ya que habiéndose inaugurado las líneas 1 y 2 del Tren Ligero se quedó proyectada la Línea 3, la que más de 20 años después se retomó, al igual que otros grandes proyectos que quedaron en el camino en razón de no impulsarse en los años subsecuentes ante falta de gestión o de respaldo federal para darles seguimiento.
Pero es cierto que en cuanto a la responsabilidad, hace falta una expresión tajante de la culpabilidad de los personajes criminales al seno de Pemex, así como la voluntad expresa para desenmascarar e ir por los verdaderos responsables de la tragedia, siendo necesario exigir a Pemex el que resarza los enormes daños causados así como se atiendan las justas demandas de quienes desde hace 27 años fueron severamente lesionados y marcados por la absurda tragedia.
Es importante en este punto resaltar la actitud del Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien ha anunciado la intención de solicitarle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordene a Pemex asuma su responsabilidad, resarza los daños, y deje clara su culpabilidad y la inocencia del resto de los funcionarios. Es el momento adecuado de exigir al gobernador haga lo que está ofreciendo, vigilar que no quede en simple postura mediática y también en su caso apoyarle para que haga valer la exigente y justificada voz de los jaliscienses.
Hace falta una expresión tajante de la culpabilidad de los personajes criminales